El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, encargado de investigar el caso Gürtel, impuso ayer al extesorero del PP Luis Bárcenas una fianza de 43,2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, es decir, para hacer frente a las cantidades que se le pudieran imponer en una eventual condena. Si el que fuera responsable de las finanzas de Génova no hace frente a esta caución, que no guarda relación con su estancia o no en prisión, en el plazo de 10 días, la Justicia procederá al embargo de todos sus bienes hasta cubrir la cuantía.
Según explica Ruz en su auto, el cálculo se ha realizado tras los nuevos informes remitidos por la Unidad de Auxilio Judicial de la Agencia Tributaria, que se han incorporado a la causa de forma posterior a que la Fiscalía Anticorrupción solicitara la imposición de una fianza de 28,1 millones de euros.
La cantidad se fija de acuerdo con la estimación provisional de las cuotas dejadas de ingresar a Hacienda por Bárcenas en los ejercicios 2002, 2003, 2006 y 2007 por l Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y al Impuesto sobre el Patrimonio (IP) y los correspondientes intereses de demora. Según el informe del fisco, el ex senador por Cantabria defraudó 5.352.870,6 euros durante esos años.El magistrado ha tenido en cuenta, además, las cantidades presuntamente abonadas por el cabecilla de la trama Gürtel Francisco Correa y las multas que se le aplicarían por el impago.
Ruz advierte, asimismo, de que el cálculo es aún provisional debido a que está pendiente la incorporación a la causa de las nuevas comisiones rogatorias remitidas a Suiza y a Estados Unidos cuyo resultado podría obligar a una nueva redefinición de la fianza.
El juez asegura que el actual estadio procesal cuenta con «indicios suficientes» de criminalidad de Bárcenas, no solo por la comisión de tres delitos contra la Hacienda Pública (2002, 2003 y 2007) y otro como cooperador necesario (2006) del imputado a su esposa Rosalía Iglesias, si no también de cohecho, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y estafa procesal en grado de tentativa, lo que aumenta la cuantía de la fianza.
Por otro lado, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal ha avisado al juez Ruz de que la notaría en la que la pintora Isabel Mackinlay firmó supuestamente un contrato de venta ficticia de cuadros propiedad del matrimonio Bárcenas-Iglesias en el que figuraba como intermediaria presenta signos de poca transparencia.
El informe destaca que la escribanía, con sede en Buenos Aires, no expone signos de su actividad profesional ni en la entrada del edificio ni en la puerta de acceso, trabaja para una cartera de clientes fija y «actúa con cautela».
Mackinlay reconoció en una declaración ante Ruz que recibió un total de 1.500 dólares por figurar como intermediaria en la venta de varios cuadros por parte de la mujer del extesorero
Contaminado.- El Gobierno negó ayer que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, esté «contaminado» en relación con el caso Bárcenas por tener al frente de la Abogacía del Estado a una sobrina del que también fuera tesorero del PP Álvaro Lapuerta, que figura como imputado en la causa que se investiga en la Audiencia Nacional.
«No se alcanza a comprender qué relación puede existir entre el hecho de que Marta Silva de Lapuerta sea sobrina de Álvaro de Lapuerta. con que ello suponga algún tipo de contaminación para el ministro de Justicia que propuso su nombramiento como Abogada General del Estado», argumentó el Ejecutivo de Rajoy.
