El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, parece haber encontrado un filón en las diputaciones provinciales, y ayer planteó que el gobierno y la administración de la provincia esté encomendada a un Consejo de Alcaldes, que carecería de estructura política, y que permitiría un ahorro de algo más de 1.000 millones de euros.
Además, el ex ministro del Interior indicó que esta propuesta se llevará a finales de septiembre a la Conferencia Política del PSOE, que tiene por objeto simplificar, evitar duplicidades y conseguir un ahorro importante del gasto público.
A su juicio, el dinero que se quedaría en las arcas públicas supone el 20 por ciento del gasto total de las diputaciones, ahorro al que se llegaría suprimiendo cargos políticos, asesores, la infraestructura de esos puestos de confianza y el paso de una serie de servicios y gestiones -básicamente en educación y servicios sociales- a las comunidades autónomas.
No obstante, Rubalcaba aseguró que esta propuesta no conllevaría una reforma constitucional, y sí «una organización distinta» de la provincia en la que cabría una redefinición de la Ley de Bases de Régimen Local y una modificación de la Ley de Haciendas Locales.
Eso sí, garantizó los puestos de trabajo de los funcionarios y el personal administrativo que actualmente prestan sus servicios a esta institución.
inseguro. Desde la otra orilla, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó al ex vicepresidente primero que en el Debate sobre el Estado de la Nación votó a favor de redefinir el papel de las diputaciones para, en menos de un mes, pedir su supresión. Así, se preguntó con qué «se descolgaría» Rubalcaba, aunque puso en duda la «seguridad» que puede ofrecer una persona que cambia de opinión enseguida.
Asimismo, la dirigente popular anunció que el próximo mes de septiembre presentarán, en un acto que tendrá lugar en Zaragoza, su propia propuesta para reformar las funciones y la composición de las diputaciones provinciales. Ésta se incluirá en las medidas para la mejora de todas las administraciones que el PP llevará a su programa para las generales, y que está preparando en colaboración con expertos en la materia.
Las modificaciones se guiarán por la necesidad de imprimir a todos los entes organizativos públicos criterios de «eficiencia y eficacia», teniendo en cuenta que no es posible que varios de ellos «incidan en las mismas competencias», porque eso incrementa costes y va en perjuicio de los ciudadanos: «Hay que hacer una administración más ágil, más eficiente y más barata para el contribuyente».
Mientras, desde Andalucía, sigue la polémica en el PSOE, ya que el presidente Griñán mantiene su pulso a Ferraz, pese a que se reunió con Chaves. Así, el consejero de Turismo de la Junta, Luciano Alonso, subrayó que aceptan revisar las competencias de estas instituciones, pero también del resto de las administraciones.
