La Plataforma contra la mina a cielo abierto en el Nordeste Segoviano denunció la nueva solicitud de concesión minera presentada por la empresa Erimsa en la comarca bajo el expediente ‘Segundo San Blas B’ (925.20), y anunció que ya está organizando alegaciones vecinales, técnicas y ambientales durante el periodo de información pública.
“Llevan desde 2023 aplicando la misma fórmula: presentan grande, ven qué alegaciones les ponemos, retiran, vuelven con algo más pequeño buscando resquicios, y cuando consiguen que baje la guardia, avanzan con la siguiente pieza”, explicó la portavoz de la Plataforma, Marisa Moro, mientras lamentaba que no es un proyecto reducido, “es el mismo proyecto de siempre, partido en trozos para que no se vea entero”.
Según detallaron desde la Plataforma, el director general de Erimsa, José Antonio Valencia, declaró que la empresa ha reducido “cerca del 70 por ciento” su proyecto y que “no hay nada nuevo, presentando la solicitud como un gesto de escucha hacia el territorio». Sin embargo, el colectivo rechazó ese relato y señaló que el propio director “lo desmonta con sus propias palabras”.
“El señor Valencia dice que ‘no hay nada nuevo’. Tiene razón en eso, no hay nada nuevo porque es el mismo proyecto de siempre, partido en trozos. Lo que resulta llamativo es que ahora lo reconozca él mismo”, señaló Moro. La portavoz apuntó, además, que el supuesto 70 por ciento de reducción “se calcula únicamente sobre las hectáreas solicitadas ahora dentro de la nueva concesión, ignorando el resto de cuadrículas que siguen registradas en el catastro minero, y obviando por completo el expediente 925.10 y el permiso de investigación Centro SG I”.
“Nos presentan una reducción del 70 por ciento sobre una parte del proyecto como si fuera una renuncia. Pero las otras cuadrículas siguen ahí. Las otras concesiones siguen ahí. Cerca de 9.000 hectáreas de derechos mineros en el Nordeste siguen ahí». “Eso no es reducir”, sentenció, «es aparcar lo que no pueden conseguir hoy para volver a por ello mañana”.
Aplicación de la ley
La Plataforma confió en que la Junta realice un análisis “riguroso” de la documentación presentada, “teniendo en cuenta que la propia Ley de Evaluación Ambiental obliga a valorar si los proyectos fraccionados de un mismo titular alcanzan, sumados, los umbrales que exigen evaluación ordinaria y los daños acumulativos”, subrayaron.
Por último, el colectivo confirmó que ya analiza la documentación publicada en el BOCyL y que coordinará alegaciones. El periodo de información pública está abierto hasta el 18 de junio. “Lo dijimos entonces y lo repetimos ahora: hectáreas cero. El Nordeste ya habló alto y claro y volverá a hacerlo”, concluyó la portavoz.
