La progresiva implantación de placas solares en tierras de cultivo se sigue viendo como una amenaza al desarrollo de la agricultura. Desde el ámbito agrario se estima que no deben autorizarse más macrohuertos solares que supongan reducir la superficie de cultivo.
De este modo, las organizaciones agrarias Asaja, Coag y Upa han registrado ante los ministerios de Agricultura y de Transición Ecológica, así como en las consejerías de Agricultura y la de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, un documento común en el que reclaman la “defensa de los terrenos productivos de la región para uso agrario” y “pedimos que se detenga el afán de determinadas empresas privadas por instalar macroplantas generadoras de electricidad en superficies agrícolas, ganaderas y de pastos”.
Las tres organizaciones agrarias solicitan una normativa “específica” que recoja la opción de la implantación de placas fotovoltaicas o solares, incluidas las infraestructuras de evacuación de la energía solar o eólica, exclusivamente en terrenos no aprovechables para la producción agraria. “Al respecto, Asaja, Coag y Upa en Castilla y León consideramos que las administraciones competentes en la gestión del territorio no pueden cruzarse de brazos y dejar que intereses económicos, en muchos casos ajenos a nuestra comunidad autónoma, prevalezcan sobre la soberanía alimentaria y busquen en terrenos agrícolas y ganaderos la superficie ideal, según sus intereses, para instalar placas fotovoltaicas o los destrocen atravesándolos con las líneas de evacuación”, añaden.
En el documento firmado por las tres opas reclaman tanto al Gobierno central como a la Junta que sean “especialmente contundentes” en no permitir que la instalación de parques de energía fotovoltaica se haga “de cualquier manera y en cualquier zona”. “No es razonable que, habiendo tanta superficie en nuestra comunidad autónoma, las administraciones y los empresarios privados se fijen, por ejemplo, en zonas tradicionales de cultivo, en terrenos de transformación en regadíos, en pujantes tierras productivas o en terrenos muy útiles desde el punto de vista agronómico”, agregan.
Apelan al “sentido de la responsabilidad” de los dirigentes políticos para que tengan en cuenta que el suelo productor de alimentos está “limitado”, y que debe ser un patrimonio “a defender con todas las herramientas al alcance de la sociedad estableciendo incluso medidas legislativas para preservarlo”.
A las tres organizaciones anteriores se ha sumado también Urcacyl, la organización de cooperativas de la región, que defiende un “blindaje de los terrenos de cultivo frente a la ansiedad privada y el afán de algunas administraciones locales de facilitar la instalación de energías renovables en todo tipo de terreno rural”, cuestión que agravaría aún más el problema de despoblamiento.
Urcacyl dice que el nuevo “boom de las renovables” ha llegado al campo, y su loable objetivo con ambiciosos planes de energías limpias está desatando, “una auténtica ofensiva en busca de todo tipo de suelo, que precisamente por este hecho puede ser nocivo para los profesionales de la agricultura y ganadería y para la sociedad en su conjunto, ante el peligro de que desaparezca superficie destinada a la producción de alimentos”.
Apoyan las energías alternativas “si con ello se genera riqueza, bienestar y futuro para el medio rural. Pero debe valorarse el afán desmesurado de empresas por hacerse con todo tipo de terrenos, también los productivos y cultivables”, puntualizan. Por ello deben buscarse soluciones y modificar la normativa “para proteger todos los suelos agrícolas, especialmente aquellos sobre los que se hayan hecho transformaciones en regadíos o concentraciones parcelarias, pero también los que tengan aprovechamiento agrícola o ganadero, más si cabe cuando la titularidad sea pública”, agregan.
