El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se congratuló ayer de la decisión del TSJCyL de rechazar las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno de España para evitar la apertura de la estación de esquí de Navacerrada.
Fernández Mañueco aseguró que “ha imperado la razón” y pidió al presidente Sánchez que cese sus “ataques” contra los intereses de Castilla y León. “Allí donde hay una posibilidad de desarrollo económico, social, en el mundo rural, hay un ataque inexplicable por parte del Gobierno de Sánchez. No lo entendemos”, denunció el presidente autonómico.
Recordó también que dijo que desde la Junta protegerían a las personas de Castilla y León, especialmente aquellas que viven en el mundo rural, “y hoy (por ayer) los tribunales de justicia les ha dado la razón”.
Finalmente, Fernández Mañueco destacó que esta decisión judicial permitirá mantener la actividad de la estación de esquí de Navacerrada hasta que se resuelva el fondo del asunto, cuestión que puede tardar todavía varios meses.
Hasta que haya una resolución jurídica sobre el fondo, el auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tiene que ser cumplido por todas las administraciones públicas.
Ciudadanos
Por su parte, la procuradora de Ciudadanos en las Cortes por Segovia, Marta Sanz, y el diputado nacional y portavoz de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Juan Ignacio López-Bas, presentaron ayer un total de cinco preguntas escritas al Gobierno de España en defensa de la estación de Navacerrada. Recordaron que la Ley 7/2013 de 25 de junio por la que se declara el Parque Nacional Sierra de Guadarrama ya recogía la existencia de la estación de esquí de Navacerrada. “Queremos que el Ministerio nos diga directamente si está ignorando esta norma de una manera interesada”, afirmó la procuradora.
El diputado nacional subrayó que “lo que ha finalizado es la concesión, no la estación. Nos preguntamos qué tiene que ver la finalización de la concesión con la reversión decretada por el Gobierno”.
La formación liberal pregunta al Gobierno si conoce realmente el impacto económico y laboral del cierre de la estación: “Implicaría el despido de 30 personas y la pérdida de cientos de trabajos indirectos”, afirmó Marta Sanz. La procuradora segoviana recordó que el MITECO tiene en su nombre las palabras reto demográfico y que, con la intención del Gobierno de Sánchez de cerrar la estación de esquí, “lo que provoca es agravar la despoblación de nuestra tierra”. Por último, pidió a la ministra Ribera aclarar “si el Gobierno de España está con Segovia o contra Segovia”.
