La empresa de telecomunicaciones Esyta Networks ha negado que esté utilizando la red eléctrica para extender la fibra óptica. “En todo caso se comparte infraestructura de dominio público susceptible de ser utilizada”, argumenta.
El titular de la empresa, Eduardo Senín, sale al paso de la información publicada hace unos días en la que se decía que la Audiencia Provincial le había condenado a desmantelar el cableado de fibra óptica hasta tener la autorización oportuna.
Para el dueño de la empresa Esyta, “la titularidad de las infraestructura no se juzga”. Y añade Eduardo Senín, que además es concejal del equipo de Gobierno municipal: “Los trazados de fibra y redes de distribución suelen concurrir por los mismos trazados, pasos aéreos o canalizados con las autorizaciones oportunas concedidas como a cualquier empresa, concedidas antes de ser concejal del Ayuntamiento, por lo que se entiende que después de ejecutar la totalidad de la obra y tener el certificado final de obra, está completamente legalizada”.
Hace hincapié en que su condición de concejal es posterior a tener la legalidad de la obra.
En su réplica a la información publicada el día 24 de octubre en estas páginas, añade que no se ha demostrado que a la empresa eléctrica le perjudique la red de fibra óptima. “Tuvimos hasta cuatro inspecciones de seguridad, así como de fomento, CHD, Guardia Civil, etc. y si esto fuera verdad tendríamos alguna sanción; sin embargo, se ha sancionado a otras empresas”. Añade que nadie se ha opuesto al plan de seguridad del proyecto cuando estuvo a exposición pública en el Ayuntamiento.
Añade que la CNMC ha dictado una resolución en la que obliga a la empresa eléctrica “a ponerse de acuerdo conmigo, anterior a la sentencia de la Audiencia Provincial”. “Hemos sido los primeros en querer regularidad la situación, a lo cual la eléctrica se niega, quizá porque no hay nada que regularizar”.
Esyta asegura que también paga el 1,5% de ocupación de bienes de dominio público, al igual que la eléctrica Juan de Frutos.
Y por último recalca que aún no ha recibido del Juzgado el importe de las costas que debe pagar, ni qué debe restaurar.
