El milano real, el aguilucho cenizo, el alimoche, el buitre negro, el águila imperial ibérica, la cigüeña negra, el urogallo, el sisón, o el águila perdicera son ejemplos de aves, muchas de ellas en peligro de extinción, que año tras año pierden la vida en los tendidos eléctricos de toda la provincia. Se estima que en los últimos 30 años más de 3.500 aves han muerto por colisión o electrocución en Castilla y León. Por este motivo, una parte de los fondos europeos que recibirá España se destinarán a la subsanación de un problema histórico.
La Junta de Castilla y León ha abierto un plazo que culminará el próximo 30 de noviembre para que las empresas titulares de líneas eléctricas que atraviesan la Comunidad notifiquen aquellas instalaciones que no se adecúan a la normativa actual para prevenir daños contra la avifauna. Castilla y León recibe 13,7 millones de euros de los 60 millones destinados por el Gobierno central a toda España para mejorar las líneas eléctricas.
Se trata de uno de los primeros pasos ya anunciados el pasado día 27 de abril por parte de la Junta de Castilla y León en una jornada específica sobre la problemática de los tendidos eléctricos y la mortalidad de avifauna por colisión y electrocución en la comunidad.
El objetivo de esta jornada era dar a conocer a los titulares de tendidos eléctricos y a otras empresas y colectivos relacionados las ayudas y actuaciones que ha previsto la Junta de Castilla y León para reducir el riesgo de accidentes de aves en estas infraestructuras, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Desde el Colectivo Azálvaro de El Espinar, ONG que trabaja desde hace años en esta línea consideran esta decisión “muy acertada”. “Los apoyos eléctricos deben estar perfectamente aislados, tanto en las áreas de cría, como en las de invernada y las de paso, que comprenden casi la totalidad de la superficie de la Comunidad”, afirma José Aguilera, presidente del Colectivo Azálvaro.
Esto significa que en toda Castilla y León, y no solo en algunas zonas, deben reforzarse las medidas de prevención para evitar las electrocuciones. Aguilera valora positivamente que el Ministerio se haya “comprometido” para intentar frenar las muertes por electrocución con estas nuevas ayudas, y destaca la importante labor de las ONG para la búsqueda activa de apoyos peligrosos por electrocución, un paso marcado en la hoja de ruta de la Junta, así como ofrecer a los titulares de los tendidos eléctricos peligrosos un servicio de proximidad para la tramitación de solicitudes a través del procedimiento voluntario, con el fin de poder conseguir apoyo financiero para su corrección.
De esta forma, con el listado que ahora se empezará a elaborar se tendrá conocimiento de aquellos tendidos que precisan apoyo financiero para adoptar las medidas necesarias para evitar afección a la avifauna.
El objetivo final es ejecutar las correcciones objeto de estos fondos antes del 31 de mayo de 2026 y conseguir una corrección de 4.591 apoyos en instalaciones eléctricas. Se prevé ampliar el inventario de líneas eléctricas que no se ajusta a las prescripciones técnicas publicado mediante la Resolución de 17 de febrero de 2012 de la Dirección General de Energía y Minas. Esta nueva publicación, que pretende abarcar no sólo las empresas de distribución sino también tendidos eléctricos de propiedad particular, está prevista que vea la luz a finales de 2021 lo que permitirá tener una primera concesión en 2022.
