La fiscal ha mantenido su petición de 30 años de cárcel para un joven acusado de intentar matar a su prima y, tras no conseguirlo, violarla cuando estaba inconsciente en septiembre de 2019 en la localidad segoviana de Turégano. La Audiencia Provincial de Segovia ha celebrado este miércoles la última sesión del juicio, que ha quedado visto para sentencia, en el que las acusaciones contra el procesado, C.P., consisten en un delito de asesinato en grado de tentativa y otro de agresión sexual, según informa Efe
El Ministerio Público ha confirmado la solicitud que ya había presentado inicialmente, de 30 años de prisión para el encausado, 20 de libertad vigilada y 14.700 euros de indemnización para la joven. Por su parte, el abogado de la víctima, que ejerce la acusación particular, solicita la misma pena de prisión, en este caso por un delito de homicidio con alevosía en grado de tentativa y otro de agresión sexual y pide 112.000 euros de responsabilidad civil.
La defensa del acusado ha pedido que se califiquen los hechos como constitutivos de un delito de lesiones agravadas y otro de agresión sexual en concurso medial y una condena de seis años y tres meses de prisión, siete años y tres meses de orden de alejamiento, cinco de libertad vigilada y 7.683 euros de responsabilidad civil. Según lo expuesto en las dos sesiones celebradas, ambos jóvenes, naturales de Honduras pero que han pasado la mayor parte de su vida en España, mantenían una relación estrecha como familiares y de amistad.
Las acusaciones se basan en el relato de la víctima, quien ha declarado en el juicio que el 6 de septiembre de 2019 estaban ambos, él con 24 años y ella con 18 en ese momento, en casa de ella y se disponían a salir de fiesta a otra localidad. Cuando la víctima se estaba abrochando los zapatos para salir, él le dio un puñetazo en la cabeza, la tiró al suelo, la inmovilizó, intentó ahogarla con un cojín y luego con sus manos, le dio una serie de golpes que la dejó inconsciente y, una vez quedó en ese estado, aprovechó para violarla.
Por su parte, el acusado reconoció durante su declaración en el juicio los golpes que había propinado a la víctima y la agresión sexual, pero no el intento de asfixiarla. La defensa se ha basado en el testimonio de unos peritos propuestos por esta parte para tratar de acreditar que el acusado presenta algunos síntomas de un trastorno por estrés postraumático que tendría como origen una experiencia de acoso escolar sufrido cuando era niño.
Esta vivencia habría ocasionado una incapacidad para controlar sus impulsos que se puso de manifiesto ante la situación de estrés que supuso para él la frustración de que su prima se hubiera negado a tener relaciones sexuales con él un tiempo atrás, razonamiento por el que la defensa ha solicitado un atenuante de «anomalía mental». El planteamiento de la defensa ha sido rechazado por la fiscal, quien ha negado que exista una relación de causalidad entre la supuesta experiencia de acoso escolar con los hechos juzgados y ha insistido en el ánimo de acabar con la vida de la víctima que mantuvo el acusado al cometer las graves agresiones.
El abogado de la víctima coincide con el fiscal en lo fundamental, pero eleva la petición de responsabilidad civil hasta los 112.000 euros por los daños morales de la víctima, en función de jurisprudencia sentada previamente en casos similares, como la sentencia del Tribunal Supremo respecto al caso de la Manada. Según fue puesto de manifiesto en el juicio, después de los hechos la joven abandonó el municipio donde vivía y se trasladó a otro situado a 600 kilómetros de distancia y perdió un año escolar porque no fue capaz de ir al instituto por las graves secuelas físicas y psicológicas de las agresiones.
Además, actualmente continúa tomando medicación para dormir porque tiene pesadillas con lo ocurrido y no sale de casa nada más que para estudiar porque, cuando intenta quedar con amigos, tiene que regresar a su domicilio enseguida por sufrir ataques de pánico, según declaró su madre.
