El asentamiento de población en el medio rural de la provincia es una de las prioridades de la administración provincial, por lo que la Diputación apuesta por actuaciones que favorezcan la permanencia en los pueblos, con políticas como el fomento del alquiler social. En el último pleno provincial celebrado la semana pasada, la corporación aprobó por unanimidad la modificación del convenio entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Segovia para la rehabilitación de viviendas en el medio rural y destinarlas al alquiler en la provincia. La modificación se refiere a la distribución de las anualidades, siendo provisional, hasta que se establezca la definitiva en el expediente de contratación que se tramite para la ejecución de la obra o en los expedientes de reajuste de anualidades que se aprueben.
El convenio a suscribir con la Junta se aprobó en el pleno de julio de 2020, en base a la necesidad de impulsar políticas activas para potenciar el mercado del alquiler como forma de acceso a la vivienda y con la convicción de que atender las necesidades de vivienda en la provincia permitirá fijar población y también potenciar la emancipación de los jóvenes, todo ello enmarcado en la lógica y los criterios de un urbanismo sostenible.
Este convenio se enmarca dentro del Programa Rehabitare puesto en marcha en 2009 por la Junta con ayuntamientos y obispados, y al que se suman estas nuevas actuaciones entre la Junta y la Diputación de Segovia.
Este programa de rehabilitación de viviendas o inmuebles recuperará este tipo de edificios para su destino al alquiler social, de manera que se consiga optimizar los recursos municipales, restaurar inmuebles válidos patrimonialmente, revitalizar los espacios tradicionales del entramado urbano municipal y fijar población en el medio rural.
Los costes económicos, según el convenio aprobado, que implican las actuaciones de rehabilitación de viviendas se sufragarán al 50 por ciento por ambas administraciones: 208.000 euros, respectivamente. Durante el pleno de la semana pasada, desde el equipo de Gobierno explicaron que la previsión es adecuar cinco viviendas al año. Se constituirá una comisión de seguimiento, integrada como mínimo por dos representantes de cada una de las partes del convenio. La vigencia del convenio será por cuatro años, pudiendo prorrogarse hasta un máximo de ocho años. Los municipios rurales deberán tener una población inferior a los 5.000 habitantes y deberán justificar la existencia de demanda de viviendas en alquiler a través del registro público. El coste total de la rehabilitación no podrá exceder de 40.000 euros para la obra y de 3.000 euros para los honorarios facultativos.
El siguiente paso será la firma del convenio entre Junta y Diputación y su puesta en marcha.
