La irrupción de los parques de energía fotovoltaica en la provincia constituye uno de los principales destinos de las inversiones económicas de estos últimos meses. Ante la proliferación de numerosos proyectos en marcha o solicitados, la organización agraria Asaja ha expresado su preocupación en cuanto a los efectos que puede tener sobre la actividad agropecuaria.
Asegura este sindicato que estos «macroparques» solares se están «extendiendo como una enorme mancha de aceite por diferentes territorios de Castilla y León«, y que se están instalando casi en su totalidad en terrenos dedicados tradicionalmente a cultivos o a aprovechamiento para pastos ganaderos, «usos que ahora están amenazados y desplazados por el avance silencioso de un mar de espejos».
Según indica esta organización, la primera consecuencia de esta «invasión de macroparques solares» es que en la práctica se está «expulsando del territorio rural a los agricultores y ganaderos, a los que se les corta el acceso a la base principal de sus explotaciones, las tierras».
A juicio de la organización, la puesta en marcha de esta actividad rompe la cadena de siglos de aprovechamientos tradicionales «que han mantenido y cuidado el medio ambiente, además de contribuir a fijar población rural«, que ha sido la agricultura, la ganadería o la actividad forestal.
Denuncia que estos proyectos tienen un «tremendo impacto ambiental que deteriora la calidad de vida tanto de los vecinos de los propios pueblos, como de los posibles demandantes del turismo rural y de interior que las administraciones dicen promover, y que busca la tranquilidad de la naturaleza, no la visión de cientos de hectáreas de placas solares. Además, a las hectáreas ocupadas por las placas, hay que sumar el despliegue de redes kilométricas, previa expropiación forzada de tierras, que precisarán las plantas para evacuar la electricidad hasta las ciudades, principales demandantes del recurso. Redes que, al igual que los propios parques, suponen un enorme impacto ambiental para la flora y fauna de las zonas que atraviesan».
Por ello, desde Asaja lamentan que se estén despreciando los empleos que estas iniciativas hacen tambalear, vinculados a la agricultura y la ganadería, y al turismo de interior, «en aras a otros trabajos muy puntuales y que casi nunca llegan a la población local, que son los que ofrece este tipo de proyectos energéticos«. Otro de los motivos por los que rechazan este tipo de inversiones es por lo denomina “subasta» de los terrenos. Asaja considera que los políticos no deben pasar por alto lo que está ocurriendo, máxime cuando la mayor parte de las beneficiadas por las compensaciones están siendo entidades públicas, cuyas decisiones tienen que someterse al consenso y la protección de los intereses de todos los administrados.
Así Asaja se opone a estos macroparques fotovoltaicos, «que suponen la expulsión del sector primario de los territorios en los que eligen implantarse, y pedimos a la administración que aplique la normativa con rigor y no haga manga ancha para dar paso a expedientes de cambio de uso o para eludir problemas de impacto ambiental”. Finalmente, la organización agraria pide a los partidos políticos que se postulen claramente y muestren «de qué lado están, si de los habitantes de los pueblos o de otros intereses«.
«No puede ser que, por apuntarse a la moda de las energías limpias, se pase por alto esta salvaje ocupación del espacio”. Aclara Asaja que el medio rural es el sacrificado para abastecer de recursos, electricidad en este caso, a las grandes ciudades. “Por lo visto no se considera cubrir tejados de ciudades y polígonos industriales con placas solares, pero tenemos que creernos que inundar miles de hectáreas con espejos es progreso”, concluye.
