Colectivo Azálvaro exige a la Junta de Castilla y León “su compromiso” para evitar las electrocuciones y colisiones de aves. La asociación conservacionista de Segovia pide que se incrementen las revisiones de los tendidos eléctricos para hallar cadáveres y se sancione a las líneas eléctricas causantes de la “tragedia medioambiental”. El presidente de ‘Azálvaro’, José Aguilera Díez, explica que dos ejemplares de busardo ratonero y dos buitres leonados, ambas especies protegidas, y un milano real, catalogada como amenazada en España, han sido localizados en la provincia de Segovia por el equipo del Colectivo en tan solo dos jornadas de búsqueda de puntos negros de electrocución de aves.
Es por ello que han dirigido un escrito al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, así como al director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, y al director general de Industria, Juan Casado, en el que se denuncia el “tremendo biocidio” que se está produciendo en la avifauna de la región, “a causa de la alta mortalidad ocasionada por la colisión y electrocución con los tendidos eléctricos”. Solicita que se creen unidades o patrullas especializadas en el control de estas infraestructuras y el seguimiento de los accidentes que provocan.
Las cifras de aves muertas por esta causa que ha recogido Colectivo Azálvaro de los datos de la administración evidencian, en opinión de su presidente, “que no se hacen suficientes revisiones de los tendidos ni con una mínima periodicidad”. Así, apunta que el Ministerio de Transición Ecológica constata que “más de 33.000 aves rapaces protegidas son víctimas cada año de la electrocución en los tendidos eléctricos de España”. Por su parte, la Fundación Amigos del Águila Imperial refiere en un estudio “entre 192.000 y 337.000 aves muertas en España cada año como consecuencia de la electrocución. “De manera que es indudable la enorme significatividad del daño ambiental que producen las electrocuciones, cuya problemática queda a muy amplia distancia en comparación con otras (venenos, disparo, pérdida de hábitat, etc.) a las que supera con creces”, afirma José Aguilera.
El presidente del Colectivo Azálvaro subraya que el problema se agrava en Castilla y León, debido a su extensión, ya que ocupa el 18,62 por ciento del territorio nacional. Si se tiene en cuenta que entre 0,7 y 7 aves mueren electrocutadas en un kilómetro cuadrado cada año, y Castilla y León ocupa 94.226 kilómetros cuadrados, “la Comunidad debería estar encontrando, al menos, 62.000 aves electrocutadas cada año; lo que dista muchísimo de las poco más de 300 animales en cuatro años, es decir, apenas 80 aves por año, sumando los cinco centros de recuperación de fauna de toda Castilla y León”. En Segovia se encuentra el Centro de Recuperación de Animales Silvestres, en Los Lavaderos.
Colectivo Azálvaro también lamenta el “insuficiente” número de agentes medioambientales que realizan esas tareas de control. “Por la gran extensión del territorio, Castilla y León no puede ni debe permitirse el lujo de disponer de 900 efectivos cuando tiene una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 1.407. “Los agentes son los ojos de la administración en el campo. Entendemos que Castilla y León debería disponer de 1.500 efectivos de agentes medioambientales”, reclaman. En el escrito a la administración consideran “imprescindible” que para poder empezar a resolver el problema “se dediquen los suficientes recursos para sacar a la luz aquellos tendidos eléctricos peligrosos que presenten un mayor riesgo y se realicen los expedientes sancionadores que correspondan”.
