Los alcaldes de Sepúlveda, Sebúlcor y Carrascal del Río, Ramón López, Jorge Benito y Henar de Pablo, respectivamente, han presentado alegaciones a la Orden impulsada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para regular el piragüismo en las Hoces del Río Duratón, solicitando la retirada de un proyecto que “supondrá un duro varapalo para la economía de la zona con una importante destrucción de empleo, tanto por el cierre de la mitad de las empresas que ahora realizan esta actividad, como, de forma indirecta, en pequeños negocios de los pueblos de la zona como casas rurales, bares, restaurantes, etc.”.
A estos ayuntamientos se han sumado en sus alegaciones otros municipios de la zona que también se verán afectados por un proyecto que “deja traslucir de forma evidente el desconocimiento de la zona y de la realidad de nuestro entorno por parte de quienes desde un despacho han redactado una norma que, de llevarse a cabo, en poco o nada ayudará a mantener población en nuestros pueblos”, lamentan los afectados.
Además de la retirada del proyecto, estos municipios han hecho llegar a la Consejería una solicitud para que se lleve a cabo un procedimiento consensuado con los ayuntamientos, tejido social y asociativo, empresas, etc. para la aprobación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de las Hoces del Río Duratón y un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), como herramientas de gestión integral del espacio natural. Con ello se busca establecer “una cogobernanza del territorio que implique a los ayuntamientos y pobladores como corresponsables, implicándose en la protección y desarrollo sostenible que permita la actividad económica y la permanencia de población en la zona”.
La propuesta de la Orden por la que se establecen las normas que regulan el piragüismo en el Parque Natural de las Hoces del Río Duratón, “tiene un gravísimo impacto en el desarrollo socioeconómico de esta comarca y las empresas de turismo activo con especial incidencia las dedicadas al piragüismo, siendo éstas uno de los principales motores de la economía y medio de vida de los habitantes de la zona”, aseguran.
Los ayuntamientos alegantes, argumentan, en primer lugar, la nulidad de la propuesta “por ineficacia sobrevenida de la declaración del Parque Natural, al haberse incumplido la exigencia legal de aprobación previa de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), incumpliéndose también la posibilidad de llevar a cabo dicha aprobación en el plazo máximo de un año desde la declaración del Parque, toda vez que ya han pasado más de 30 años”. “Todo ello impide cualquier regulación sobre el uso y gestión de los recursos naturales en el Parque”, dicen.
Asimismo alegan que no existe un reglamento que regule la constitución y funcionamiento de la Junta Rectora del Parque Natural (Patronato) ni designación de órganos gestores, que tendrían atribuidas funciones en la elaboración de los instrumentos de planificación y gestión del espacio natural protegido.
Los ayuntamientos alzan también la voz en sus alegaciones ante lo que consideran “un estrangulamiento económico de la zona, con una clara restricción de la libertad de empresa”. “No hay análisis alguno de la repercusión que supone para los sectores económicos y sociales afectados directa o indirectamente”, añaden.
