Varios peritos ratificaron ayer martes que encontraron diversas irregularidades en la gestión de la planta de residuos en Fuentepelayo durante el juicio en el que se investiga al dueño de la instalación por un posible delito contra el medio ambiente por vertidos contaminantes desde el año 2009.
El Juzgado Penal número uno de Segovia celebró ayer el juicio en el que el propietario de la planta acudió como acusado de una mala gestión de su instalación de compostaje, y de haber vertido toneladas de desechos en diferentes parcelas de Fuentepelayo y otros municipios próximos.
En la vista, en la que intervinieron hasta 14 testigos, la Fiscalía confirmó la petición de dos años de prisión para el acusado, una multa de 3.650 euros y la inhabilitación para administrar empresas de transformación de residuos por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
La acusación ejercida por el Ayuntamiento de Fuentepelayo pidió veinte meses de prisión; mientras José Luis Ordoñez, representante de la asociación vecinal ‘No Más Mierda’, propuso 15 meses de cárcel y la responsabilidad penal de la empresa del procesado Agramam con el pago de dos años de multas, entre otras sanciones, según informa Efe.
Estos acusan al gestor de la planta de compostaje de acumular toneladas de residuos no tratados en varias parcelas de Fuentepelayo y alrededores, lo que habría provocado la contaminación de tierra y agua, en este caso por vertidos tóxicos a una cacera que desemboca en el río Malucas, afluente del Pirón.
El malestar del vecindario de las localidades afectadas se materializó en las denuncias que han dado lugar a este juicio, además de en la decisión de la Junta de Castilla y León de recoger 4.400 toneladas de basura de la zona en 2017.
Los facultativos de la Fiscalía de Medio Ambiente y del Instituto Nacional de Toxicología que participaron del análisis de las instalaciones de la planta de compostaje y de las muestras allí recolectadas prestaron declaración en la vista oral, en la que ratificaron sus informes.
Así, los técnicos que inspeccionaron la planta en 2016 confirmaron que la instalación estaba encharcada por los residuos líquidos y los depósitos se encontraban al limite de su capacidad.
También informaron estos mismos técnicos que el material que teóricamente ya había sido compostado se encontraba visiblemente mezclado con productos frescos como restos de pollos y otros residuos no orgánicos como plásticos o vidrios.
Otro de los técnicos, en este caso del Instituto Nacional de Toxicología, informó a la Sala de que, según su estudio de las muestras de suelo y agua, se concluye que la mala gestión de la planta supuso un “potencial daño grave” para las personas y el medio ambiente.
El facultativo destacó que en el agua se apreciaron restos orgánicos a niveles “hipercontaminantes”, lo que calificó de “una barbaridad” que, de haberse prolongado en el tiempo, habrían llevado a la “atrofia” del río Malucas.
Por su parte, el acusado, que se negó a responder a las preguntas formuladas por la Fiscalía y de las acusaciones, señaló, a instancia de su abogado, que antes de estas denuncias nunca tuvo ninguna otra, y que nunca hubo lodos ni riesgo de contaminaciones. Sí señaló que tuvo salvo una sanción leve por parte de la CHD.
