El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictó el pasado 24 de junio una sentencia por la cual Irene González M. podrá renunciar a su plan de adaptaciones curriculares ‘significativas’. Este cambio permitirá a la alumna del IES Marqués de Lozoya volver a cursar cuarto de la ESO sin éstas y permitirla acceder al título de secundaria.
La sentencia emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal que se encuentra en Burgos considera que la imposición a González de dichas adaptaciones supone una discriminación. La sentencia afirma que no permitir la renuncia a las mismas se convirtió en un ‘obstáculo o limitación’ y por ello suponen que se convirtió ‘de facto’ en esta discriminación.
La Fundación Down21 afirma que esta sentencia dictamina que ‘las adaptaciones han supuesto unos efectos perversos contrarios al objetivo de toda adaptación de obtener una educación inclusiva’. Esta organización ha calificado la sentencia de ‘histórica’.
Irene llegó hasta cuarto de la ESO en el curso 2016/2017. En ese año superó las materias con una media de notable sin embargo no pudo titular porque se consideró que al tener adaptaciones curriculares no había llegado a los mínimos exigibles y, por tanto, no podía recibir el título de secundaria.
Como ha relatado su madre a este medio, tras ver que no podía titular Irene decidió repetir el curso, esta vez, renunciando a las adaptaciones curriculares significativas y apoyándose en unas adaptaciones ‘metodológicas’.
Presentaron la renuncia a las ‘significativas’ en el centro, una profesora aceptó, otro docente lo hizo de manera oral y, por último, presentaron cuatro peticiones por escrito. De las cuatro tan solo una fue admitida, como relata la madre de la alumna, “significaba que iba a repetir de nuevo el curso sin poder titular” así que decidieron presentar un recurso a la Dirección Provincial.
La entidad Provincial da la razón al instituto por lo que, atendiendo a las palabras de la entrevistada, fue cuando decidieron llevar el caso al Tribunal Superior de la Comunidad. Esta institución judicial admitió la petición. Los tres magistrados del TSJ de Burgos estudiaron el caso e interpretaron que se vulneraban los Derechos Fundamentales. Asimismo, durante este proceso Irene aprobó de nuevo el curso por lo que se decidió desde la defensa pedir la ‘acumulación del recurso’ pidiendo que se reconociese la titulación.
La sentencia emitida por el TSJ de Castilla y León supone que la dirección provincial de Segovia no actuó conforme a derecho sin embargo es necesario señalar que no trata el reconocimiento del título de ESO a la alumna. Durante la entrevista la madre destacó que en caso de que no se le reconociese tendrían que recurrir al Tribunal Superior y afirmó que se van “esperar” aunque señala: “lo estamos estudiando y no lo descartamos”.
Durante este proceso judicial la progenitora ha estado apoyada por la Fundación Down 21 y su asesora jurídica, María José Alonso Parreño. Afirma que tenía relación con la fundación antes de comenzar este litigio y conocía personalmente a la abogada.
El Instituto ha preferido no hablar con este medio aunque desde fuentes ajenas a él afirman que se argumentó durante todo el conflicto que la alumna y sus progenitores estaban debidamente informados y conocían que no iba a poder acceder al título de secundaria. Desde la familia señalan que el centro educativo debería haber ofrecido durante las adaptaciones unos objetivos mínimos, que a su vez son los que marca la ley para poder titular.
La Agencia de Protección de Datos y el Defensor del Pueblo (mediante la dirección general de Atención a la Diversidad), también estuvieron implicadas. Chus Magdaleno afirma que recurrió a estas instituciones porque la negaron acceder a una copia de ‘las adaptaciones del programa educativo a los objetivos mínimos’. El acta de la reunión con los representantes de la Consejería de Educación dicta que si que le cedieron estas copias aunque, atendiendo a las palabras de la madre sobre este documento presentado por la defensa, en él niegan ceder las adaptaciones a los representantes que fueron al instituto.
Por otro lado, Chus Magdaleno considera que en general, en el sistema educativo las adaptaciones curriculares no están bien efectuadas. Destaca que la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad establece que la educación debe ser ‘inclusiva’. Esta definición supone que debe ser el centro quien se adapte a las características de los alumnos y no al revés lo que para Magdaleno sigue teniendo aún hoy deficiencias a la hora de estar aplicado y considera que no se dan unos contenidos mínimos.
