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¿A cuánto suben las costas judiciales por la residencia de Navas de Oro?

por Redacción
21 de mayo de 2019
La residencia de Navas de Oro cuenta con 40 plazas para personas mayores. / el adelantado

La residencia de Navas de Oro cuenta con 40 plazas para personas mayores. / el adelantado

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El presidente de la Asociación San Antonio de Padua, Argimiro Alonso, entidad que gestiona la residencia de personas mayores de Navas de Oro, afirma que las costas judiciales generadas por parte de la asociación debido al proceso judicial por la gestión del centro que mantiene con el Ayuntamiento desde el año 2010, se elevan a 96.690 euros, y que debe asumirlas el municipio peguero, “ya que así lo han dictaminado los tribunales”.

En una nota de prensa, Argimiro Alonso expone que en junio de 2010, el Ayuntamiento de Navas de Oro, presidido por Ladislao González, le envió una notificación, “comunicándonos que en dos meses abandonarámos la residencia, si no, se vería obligado a mandar a la Guardia Civil”. La Asociación interpuso entonces un recurso contra el municipio, “dándonos la razón el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Segovia, aunque las costas eran a partes iguales”. Entonces fue el Ayuntamiento el que recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Burgos, según explica Argimiro Alonso, “y el 20 de mayo de 2011 el mismo tribunal rechaza su propuesta y nos da la razón, y las costas las tiene que pagar el Ayuntamiento, lo que le supone 40.000 euros, porque en la demanda ponen el valor del edificio como cantidad demandada, 878.680 euros”.

En el presente mandato, con Ladislao González de nuevo como alcalde, continúa el enfrentamiento por la gestión de la residencia. La Asociación interpone una nueva demanda y en marzo de 2018, “otra vez, el mismo Juzgado de Segovia nos da la razón y las costas de este juicio las tiene que pagar el Ayuntamiento”, señala el presidente, quien apunta, que se vuelve a recurrir al TSJ de Burgos, “y en septiembre de 2018 el Tribunal vuelve a darnos la razón, condenando al Ayuntamiento al pago de las costas”. “Como no quieren pagar, lo recurren al Tribunal Supremo y no lo admite a trámite, sin derecho a recurso, con lo que queda definitivamente cerrado el proceso”, afirma Argimiro Alonso.

Ahora se pregunta a cuánto dinero se elevan los gastos judiciales generados para el Ayuntamiento, exponiendo que los de la Asociación San Antonio de Padua suman 96.690 euros.

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