El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado que las explotaciones ganaderas intensivas no necesiten licencia ambiental previa, como había aprobado la Junta mediante decreto, lo que según Ecologistas en Acción obligará a legalizar su situación a las que hayan abierto el último año.
A través de un comunicado, la asociación ecologista ha incidido en que con esa sentencia «fracasa el intento del consejero popular Juan Carlos Suárez-Quiñones de desregular la ganadería industrial en Castilla y León, que vuelve por tanto a requerir licencia ambiental previa».
El alto tribunal sostiene que «no es posible modificar por decreto una ley como la de Prevención Ambiental de Castilla y León, invadiendo de esta forma el Consejo de Gobierno de la Junta la competencia legislativa exclusiva del Parlamento autonómico».
A juicio de los ecologistas, el TSJCyL «detiene la pretensión de desregulación por esta vía de estas actividades clasificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas». Ahora «todas las explotaciones ganaderas no orientadas al autoconsumo doméstico vuelven a requerir licencia ambiental en Castilla y León, debiendo someterse a información pública, informes previos y audiencia a los vecinos colindantes antes de implantarse, como venía sucediendo desde 1961, en que se aprobara el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas».
Además, supone que «una gran explotación ganadera industrial como la proyectada en Noviercas (Soria), con 20.000 vacas de leche, que conlleva un consumo de agua, unas emisiones de gases de efecto invernadero y una producción de residuos superiores a una ciudad como Soria, no podrá empezar a funcionar sin información pública ni informes». Además, cientos de granjas intensivas de bovino, ovino, porcino o aves tampoco podrán ubicarse en los pueblos de Castilla y León sin que sus vecinos lo sepan, que era lo que pretendía la Junta», según la formación ecologista.
Reacción en la Junta
Ante esta decisión, la Junta ha anunciado que recurrirá la sentencia del TSJCyL que anula que las explotaciones ganaderas no requieran de licencia ambiental previa para funcionar.
El portavoz del Ejecutivo, José Antonio Santiago-Juárez, recordó ayer que el objetivo del decreto que reguló esa cuestión, que afecta a todo tipo de empresas, es reducir las cargas administrativas para que montar una empresa no tenga tantas dificultades, en la línea de la normativa nacional y europea. El decreto lo que hizo fue que en algunos casos bastara con una mera comunicación formal del empresario para poder abrir, en lugar de tener que contar con una licencia ambiental previa. En todo caso, esta regulación afecta a las explotaciones ganaderas pequeñas y no invasivas y no a grandes explotaciones.
También las organizaciones agrarias han reaccionado a esta decisión judicial. Así, Asaja-CyL afirma que la resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJCyL) «acrecienta la sensación de que en la ciudad ni comprenden ni quieren comprender lo que hay en los pueblos».
En un comunicado, esta organización lamenta que los denunciantes del decreto de la Junta que acortaba los plazos para poner en marcha explotaciones ganaderas intensivas, en referencia a Ecologistas en Acción, «centren todos sus esfuerzos en judicializar cada tema que afecta al sector agrario y ganadero».
Sobre la tramitación de estos asuntos, Asaja opina que se trata de temas «muy técnicos» que «quizás precisarían de un análisis más exhaustivo porque, una vez hay sentencia, se hace un daño irreparable» para el campo. Además, critican que los ecologistas recurran «siempre desde la desconfianza» cualquier normativa que afecte al sector agrario y ganadero, «para el que parece ser que rige eso de que de partida es culpable, mientras no se demuestre lo contrario».
En esta misma línea, Asaja lamenta que «se eche por tierra una normativa gestada para facilitar la creación de nuevas empresas en el medio rural, pero en ningún caso para reducir los requisitos ni controles sobre estos proyectos».
