El pleno municipal de Carbonero el Mayor ha aprobado que el Ayuntamiento cubra los gastos del juicio del concejal imputado, como consecuencia de los hechos acaecidos el día 9 de septiembre de 2018 en las inmediaciones de la plaza de toros. Como se recordará, Juan Muñoz, concejal del equipo de Gobierno, discutió con una pareja de guardias civiles después de que se produjera un abucheo en el coso taurino por parte del público. Alguno de los asistentes pudo extralimitarse y fue llamado al orden por los agentes de la Guardia Civil que participan como fuerzas de seguridad en todos los festejos taurinos que se celebran. Cuando la pareja de guardias, un hombre y una mujer, expulsaron a ese espectador de la plaza de toros, fue cuando salieron también al exterior los concejales Juan Muñoz y Pedro Migueláñez, quienes hablaron con los agentes, aunque al parecer, el primero se encaró especialmente con la guardia civil, momento en el que se produjo la posible agresión. El proceso se sigue en el Juzgado de lo Penal de Segovia.
El grupo municipal del PSOE-Independientes, que explica en una nota de prensa la aprobación del acuerdo de pleno por el que el proceso se sufragará con cargo a las arcas municipales, votó en contra, al considerar que “se nos priva de toda información relevante del asunto, por lo que carece de todo sentido un voto favorable respecto de aquello que desconocemos”. Desde la oposición, destacan que solicitaron información de las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos y sobre otros datos del proceso a la hora de poder determinar con pleno conocimiento de causa, si los gastos de defensa y representación de los cargos públicos locales derivados de su imputación en causas penales, pueden ser o no, considerados como gastos indemnizables por la corporación a la que pertenecen. La oposición afirma que no se les ha proporcionado la información solicitada. Los socialistas argumentan también que “no se aporta un presupuesto, ni siquiera de forma aproximada, del gasto que va a suponer para las arcas municipales, por lo que entendemos que un voto favorable implicar dar consentimiento a un gasto del que desconocemos su cuantía”.
También consideran que se hace necesario un compromiso por escrito de devolución del gasto ocasionado entre el concejal y el Ayuntamiento, en el caso de que finalmente sea condenado. E insisten en su rechazo, “por la dudosa legalidad del acuerdo adoptado y las consecuencias que ello tendría si emitiéramos nuestro voto favorable”.
