El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Ituero y Lama, Miguel Aparicio, denuncia la “grave dejación de funciones” del equipo de Gobierno del PP con su alcaldesa al frente y el apoyo de Ciudadanos, “al negarse reiteradamente a aprobar la recepción de las obras de la estación depuradora de aguas residuales de la Urbanización Coto de San Isidro, perteneciente al municipio”.
Tal y como recuerda Aparicio, las obras de la depuradora concluyeron hace unos cuatro años a falta del vallado perimetral, “cuya ejecución se requirió a la Urbanización en 2015 para concluir con los trámites acordados, en virtud de los cuales la Urbanización costeaba las obras de la estación depuradora para después ser el Ayuntamiento quien se hiciera cargo del mantenimiento y de la prestación de un servicio al que están obligados todos los consistorios, como es el de la depuración de aguas residuales”.
“A lo largo de esta legislatura, la alcaldesa, Laura Rubio, ha ido eludiendo y retrasando de forma constante e injustificada la recepción de la obra por parte del Ayuntamiento, incumpliendo de este modo la obligación del Consistorio de prestar este servicio. El último episodio de este despropósito se inició el pasado mes de diciembre con la visita a las instalaciones de la depuradora por parte de la alcaldesa, el arquitecto municipal y otro de la Diputación Provincial, procediéndose a la firma del acta de recepción que luego habría de ser ratificada por el Pleno”, explica Miguel Aparicio. “Lamentablemente —continúa el portavoz socialista en el Ayuntamiento— el despropósito siguió y no se ratificó la recepción ya que el concejal de Ciudadanos y dos de los tres concejales del PP votaron en contra frente al voto a favor de nuestro grupo. ¿Y qué hizo la alcaldesa en dicha votación?: ponerse de perfil, abstenerse e impedir que saliera adelante la ratificación del acta de recepción que ella misma había firmado unos días antes”.
Para Aparicio, resulta “inconcebible que un ayuntamiento no se responsabilice de un servicio público como es la depuración de aguas residuales de uno de sus núcleos de población”. “Es una falta de respeto a los vecinos además de estar posiblemente ante una actuación no acorde con la legalidad”, señala Aparicio, quien se muestra dispuesto “a estudiar la posibilidad de emprender las acciones legales necesarias”.
