El subdelegada del Gobierno, Lirio Martín, lamentó ayer que al comenzar a trabajar —tomó posesión el 3 de julio— descubrió que la declaración de impacto medioambiental para la realización de la variante de San Rafael, con la que se pretende desviar el tráfico de la travesía que atraviesa el municipio, “había caducado y no recientemente, sino en el mes de febrero, con lo cual el Gobierno de España y sobre todo esta subdelegada tiene la sensación de que el anterior Gobierno nos tomó un poquito el pelo en ese sentido, porque mientras estaban realizando declaraciones en la autopista —en referencia a la visita realizada por el anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, a las obras de la SG-20—, estaba prácticamente cumpliéndose el plazo de caducidad.
Según Martín, “estas declaraciones tienen una validez de cinco años, con posibilidad, porque evidentemente en un proceso administrativo surgen muchos imponderables, de prorrogarla debido a circunstancias excepcionales; pero esa posibilidad jamás se puso encima de la mesa, de acuerdo con los datos que manejamos aquí en relación al departamento de Fomento”.
“No hubo ninguna voluntad, ninguna intención, desde mi punto de vista, de ejecutar esa variante, porque si no se habrían tomado las medidas adecuadas; ha sido dejadez y ha sido falta de voluntad”, añadió.
Asimismo, aseguró la subdelegada que “estamos trabajando con los servicios jurídicos del Ministerio de Fomento para buscar la viabilidad de esa declaración de impacto medioambiental y tratar de no tener que iniciar de nuevo el procedimiento”.
«MENTIR DELIBERADAMENTE» Ante estas palabras, y unas declaraciones similares de la alcaldesa de El Espinar, Alicia Palomo, el senador del Partido Popular de Segovia, Juan Ramón Represa, insta a ambas a “rectificar e informarse bien de la situación y la legislación que regula dicha materia antes de mentir deliberadamente” y es que la declaración no ha caducado, según defiende los populares, de modo que Represa señala que “no es admisible que como representantes públicas que son demuestren semejante ignorancia”.
El senador recuerda que la DIA favorable a la realización del proyecto de la variante de San Rafael fue publicada en el BOE del día 28 de febrero de 2013, instrumento que se regula por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, que en su artículo 14 regula la caducidad de la declaración y establece un plazo de cinco años. Según esta normativa, la Declaración habría caducado el pasado día 1 de marzo, pero la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en el punto 3 de la Disposición Transitoria Primera, establece que “las declaraciones de impacto ambiental publicadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley perderán su vigencia y cesarán en la producción de los efectos que le son propios si no se hubiera comenzado la ejecución de los proyectos o actividades en el plazo máximo de seis años desde la entrada en vigor de esta Ley”.
Por tanto, insiste Represa, “la declaración de impacto ambiental favorable sobre la variante de San Rabel tiene plena vigencia hasta diciembre de 2019” y añade que el Partido Popular ha estado está “siempre comprometido con Segovia y su provincia y ha cumplido con su responsabilidad sobre el citado proyecto con una consignación presupuestaria de un millón y medio de euros para este 2018; algo de lo que no pueden presumir en el PSOE, que se opuso a esta partida y a su vez retiró posteriormente las enmiendas por valor de ocho millones de euros que había presentado”.
