El presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), Juan Ignacio Diego, ha asegurado que dicho organismo “no pretende eliminar los derechos históricos de la cacera de Navalcaz”, sino únicamente “ordenarlos”. En relación a la polémica suscitada en los últimos meses, Diego admite, de inicio, la existencia de unos derechos históricos de la cacera de Navalcaz, si bien a renglón seguido agrega que, a su juicio, “están lastrando” la zona, por lo que conviene tomar medidas al respecto.
“Las circunstancias han ido cambiando”, expone el principal responsable de la CHD, refiriéndose a que en la concesión primigenia de Navalcaz, de 393 litros por segundo, la mayor parte del agua se dedica al riego de pastos. “Hoy —prosigue Diego— prácticamente no hay superficies de regadío de pastos; ahora lo que hay son superficies urbanizadas”. A modo de ejemplo, el presidente de la CHD cita 110 hectáreas en origen regables que han sido adquiridas por la sociedad ‘Segovia 21’ para su urbanización.
Desde la CHD se entiende que, en vista de la situación, “lo lógico es acomodar la concesión a las necesidades actuales”. “Ordenar —defiende Diego— consiste en atender todas las necesidades existentes, pero otorgando a cada una el volumen adecuado”. Diego mantiene que “no tiene sentido” perpetuar unos derechos para el riego de pastos o la ganadería, si están “muy sobrados”, cuando al mismo tiempo no es posible conceder derechos a las nuevas necesidades.
Profundizando en el expediente de la concesión de la cacera de Navalcaz, Diego quiere recordar que “en tres veces se ha intentado modificar sus características”, pero nunca se ha completado la tramitación, “por los propios usuarios”.
En tal tesitura, Diego dice que desde la CHD se ha entendido que la mejor manera de avanzar consistía en “extinguir y ordenar”. El sistema se basa en extinguir la concesión y, de forma simultánea, “promover nuevas concesiones, para que se de a cada uno la cantidad de agua que necesita”. “No se trata de usurpar ningún derecho —reitera el presidente de la CHD—; al contrario, se trata de ordenar esos derechos para que todo el mundo pueda estar atendido”.
Para Diego, la situación en la cacera del Cambrones es “bastante parecida” a la de Navalcaz. En 2010 se solicitó una modificación de las características de la concesión, de 360 litros por segundo. Sin embargo, la CHD tuvo que dar por desistida tal idea. “No se avanzaba”, expone Diego. Ahora, la propuesta del organismo dependiente del Ministerio de Agricultura “es la misma” a la de Navalcaz. “Les hemos dicho: señores, no pretendemos usurpar ningún derecho, dejar a nadie sin agua, lo que queremos es ordenar para poder atender todos los derechos”.
A los que temen que, en caso de sequía, se pueda ‘cortar el grifo’ del agua a la ganadería, Diego avisa que “tal medida no es nueva, ya está en la ley”. “Con modificación de características o sin ella, el abastecimiento humano siempre será prioritario”, asegura el presidente de la CHD, quien esperaba que los dos procesos —Navalcaz y Cambrones— fueran sencillos, pero en vista de las numerosas alegaciones presentadas “serán un poco más lentos”.
