“El PRUG busca ese equilibrio, difícil pero que hay que conseguir, entre aprovechamiento y conservación”. Con esas palabras se expresó ayer el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, cuando fue preguntado por el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, ahora en periodo de contestación a las alegaciones recibidas. Suárez-Quiñones quiso, en primer lugar, explicar la relevancia del documento, al que calificó como “la Constitución” del Parque Nacional, agregando que desde la Junta se ha trabajado para conseguir “la máxima participación”, recordando que antes del inicio del expediente administrativo “se hizo una labor previa, a través del Patronato, donde está representada toda la sociedad”, consiguiendo “un primer texto que ya tenía un cierto consenso”.
En relación a la situación actual, el consejero de Fomento y Medio Ambiente subrayó que “todas las alegaciones, todas, van a ser estudiadas concienzudamente”. “El Parque Nacional —prosiguió— tiene que ser para la gente, para que los ciudadanos puedan disfrutarlo, pero también para conservarlo”. A su juicio, si se consigue ese equilibrio se habrá alcanzado el éxito.
Recalcó el máximo responsable de Fomento y Medio Ambiente de la Junta que es tarea de la Administración regional promover la actividad económica en su territorio del Parque Nacional, pero también buscar la conservación de un terreno con alto valor ecológico. En la tramitación actual, Suárez-Quiñones se comprometió a “contar con todos los integrantes del Patronato, que representan intereses colectivos de distinta naturaleza”. En referencia a algunos titulares de prensa aparecidos en los últimos días, negó que la Junta haya decretado prohibiciones. “La Junta —insistió— no ha prohibido nada; está estudiando las alegaciones, y luego se tomarán las decisiones oportunas en base a los informes del Patronato y lo que diga el Comité de Gestión”.
Preguntado por la fecha aproximada en que se habrán contestado todas las alegaciones, Suárez-Quiñones prefirió no aventurar cuándo finalizará ese trabajo, pues “puedo equivocarme con toda seguridad”. A ese respecto, defendió que “es más importante haber bien el trabajo que hacerlo con prisas”.
Como se recordará, el número de alegaciones presentadas en el plazo establecido, que finalizó a primeros del pasado mes de marzo, fue de 372, de acuerdo a la información facilitada por la propia Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
Numerosos colectivos y particulares entregaron sus alegaciones, donde expresaban su oposición a alguno de los puntos incluidos en el documento que ha permanecido en fase de exposición pública. Personal de la Junta está ahora estudiando esos escritos, con la obligatoriedad de responder a los mismos y, si se entiende que procede, incluir las propuestas en el nuevo documento. De forma paralela, en los últimos días se han producido nuevas críticas al PRUG, como la de un colectivo de ciclistas, al entender que el texto daña su actividad.
En principio, es intención de la Comunidad de Madrid y de Castilla y León resolver el asunto este mismo ejercicio.
