El Palacio de Pedro I fue de nuevo el espacio escogido para celebrar una Junta de Seguridad Ciudadana con un tema muy concreto y urgente, el del conflicto de ocupación de las viviendas de la urbanización Fuente de la Bola. El alcalde de la villa, Jesús García, declaraba tras esta reunión que el cometido de la misma fue el de exponer las actuaciones que se estaban llevando a cabo por parte de los cuerpos de seguridad.
El conflicto se alarga en el tiempo desde julio de 2016, y Policía Local ha estado acudiendo de manera continuada a realizar tareas de vigilancia, entre dos y tres veces a diario. Este control se coordina con Guardia Civil, no solo de la localidad, sino a nivel provincial; hay 23 denuncias acumuladas contra los ‘ocupas’, que asegura “son extremadamente conflictivos”. Robos y actos vandálicos son algunas de las causas de estas denuncias que se extienden por la provincia.
Estas se van acumulando, como explicó Jesús García, y llegará un momento en que el juzgado, la institución competente en este caso, será la que dé respuesta. La propiedad, que se encuentra en concurso de acreedores y ahora mismo no está definida, no ha presentado ninguna denuncia.
Además de la vigilancia continuada, se han mantenido diálogos con los ocupantes, que se encuentran en, al menos, cuatro viviendas (ya han abandonado otras cuatro). Igualmente, se han realizado entre cuatro y cinco cortes de agua, con todas las complicaciones que eso conlleva, ya que a cada corte asiste Aquona, la Guardia Civil y la Policía Local, y no se puede dejar a los vecinos legales sin suministro. También se solicitaron cortes de luz a Unión Fenosa y se han realizado entre dos y tres paradas.
El conflicto es tal que hasta ha habido “solucionadores” para intentar resolver la situación, con integrantes de etnia gitana que han intentado mediar sin éxito. El regidor local asegura que se trata de gente profesional, que hace llamadas al 112 pidiendo escoltas y generando situaciones que dominan, con un modus operandi muy particular en el que juegan con las amenazas y la intimidación.
No obstante, se están llevando a cabo todas las actuaciones posibles hasta la capacidad de los cuerpos de seguridad. La Subdelegada del Gobierno, Pilar Sanz, presente en esta Junta, también hizo un llamamiento a la tranquilidad, pues la vigilancia es permanente. Aseguró que el poder judicial será el que, espera que en breve, dé respuesta.
rédito político El alcalde habló también de las declaraciones del PSOE cuellarano. Se han pronunciado en varias ocasiones y censura su actitud. Asevera que se está creando una alarma social y un efecto llamada que es precisamente lo que se evita desde los integrantes de la Junta de Seguridad.
“Se suele buscar la manera de resolverlo internamente, sin saltar a los medios”, explicó García. Reiteró que parece que el PSOE “busca un rédito político, una portada, mientras que no ha pedido un solo informe sobre la situación”. Comenta que eso hubiera sido más útil, solicitar un informe al concejal delegado, a la Guardia Civil o a él mismo, en estos tres meses que llevan tratando el conflicto, cuando lleva vivo desde 2016.
