La Consejería de Agricultura y Ganadería actuará a lo largo de este año sobre cerca de 62.000 nuevas hectáreas en concentración parcelaria que, junto con las ya iniciadas, superarán las 168.000 hectáreas al finalizar 2018, por encima del compromiso de Legislatura asumido por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que anunció inversiones en más de 160.000.
De este modo, Castilla y León alcanzará en 2023 el 82 por ciento de la superficie concentrada —unos 5,7 millones de hectáreas en total— ya que el resto están ubicadas en zonas donde hay menor rentabilidad o más dificultades ya que todavía no se ha conseguido avanzar en acuerdos sociales con los propietarios con los que la Junta seguirá insistiendo.
Así lo ha asegurado la portavoz de la Junta y consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, tras la aprobación ayer en el Consejo de Gobierno del decreto por el que se aprueba el reglamento de concentración parcelaria en Castilla y León que permitirá agilizar los procedimientos y simplificar los trámites administrativos junto al objetivo de aportar transparencia y regular las concentraciones en régimen cooperativo y las realizadas entre particulares.
Entre las novedades de la nueva normativa destaca que se desbloquea la entrega de las fincas de reemplazo en los casos en los que exista un elevado número de recursos al acuerdo de reordenación. Así, para de garantizar la rápida toma de posesión de las fincas de reemplazo se ampliará del 5 por ciento al 15 por ciento el número de recursos administrativos que deben presentarse contra el acuerdo de reordenación parcelaria para suspender dicha toma de posesión.
Además, frente al procedimiento ordinario se regula el abreviado, «lo que permite refundir fases del proceso y, de esta forma, acortar plazos», ha explicado Marcos, que ha destacado que también se articula un sistema colectivo de rectificaciones que permite obviar los «largos y múltiples trámites individuales» para sustituirlos por un sólo procedimiento colectivo y simultáneo en la fase del acta de reordenación de la propiedad. También se facilitará la actividad de los agentes implicados (técnicos, agricultores y funcionarios) en los equipos de trabajo y otros órganos como comisiones locales y grupos de trabajo y se les dota de una mayor agilidad eliminando trabas jurídico-administrativas. Con el nuevo reglamento se flexibilizan los requisitos para solicitar los procesos de concentración parcelaria ya que con la nueva norma se pedirá mayoría de propietarios o cultivadores o que cuenten al menos con el 50 por ciento de la superficie a concentrar, frente al 75 por ciento establecido hasta la fecha.
Marcos ha destacado también que el reglamento de concentración parcelaria se adapta a las necesidades del sector ya que, entre otras cosas, se crea la posibilidad de abarcar una mayor tipología de zonas de concentración parcelaria y se desvinculará «en ciertas situaciones» la necesidad de ejecutar infraestructuras agrarias costosas y con posible impacto ambiental.
«De esta forma, se podrá actuar en zonas donde actualmente es difícil concentrar y con ellas se incrementará el número de zonas concentrables», ha explicado la consejera. Además, se articula la posibilidad de intervenir en zonas con poca actividad agrícola pero con actividad ganadera a través de entidades asociativas por lo que, en este caso, serán concentraciones parcelarias en régimen cooperativo.
