Asaja ha pedido a los ayuntamientos de Castilla y León que no apliquen este 2018 subidas en los valores catastrales en naves ganaderas o de uso agrario y demuestren «sensibilidad con el sector, tras una de las peores campañas que se recuerdan tanto para los agricultores como para los ganaderos», señala la organización agraria. Estos días salía publicado el Real Decreto Ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se aprueban diversas medidas tributarias, entre otras los coeficientes de actualización de los valores catastrales para 2018. Castilla y León es una de las comunidades en las que más municipios han solicitado esta subida, en total 522 ayuntamientos. La legislación que ampara el IBI es nacional, pero su gestión corresponde a las administraciones autonómicas, provinciales y locales.
La organización agraria considera que no se puede aplicar en los pueblos pequeños los mismos baremos que a las grandes urbes: «Se aplican criterios como el valor de la edificación, pero no se tiene en cuenta que el valor de mercado no es el mismo en un pueblo que en una ciudad, ni las prestaciones públicas que se reciben en el medio rural son las mismas», indica Asaja. Por otro lado, es “obligación de las administraciones contribuir a frenar la despoblación galopante que arrasa nuestros pueblos, y eso requiere un trato fiscal favorable, adecuado a sus necesidades. Algo aún más importante en un año como el que ahora comienza, con los agricultores y ganaderos tratando de remontar tras la catastrófica campaña pasada, marcada por una sequía que todavía se prolonga”, añade.
Asaja considera que estas subidas en el IBI de las naves ganaderas o de uso agrario «muchas veces no tienen ninguna justificación porque no hay una actividad ni rendimiento económico que lo respalde y, para más agravio, los agricultores y ganaderos se sienten indefensos porque llegan sin posibilidades reales de reclamación porque la Administración para estudiar las propuestas exige presentar una larga retahíla de documentos, muchos de los cuales ni existen ni han existido nunca».
Según dicen se está valorando a las naves agrícolas y ganaderas como si estuvieran en terreno urbano y como si todas estuvieran a plena capacidad productiva, lo que se traduce “en impuestos exagerados y totalmente injustos”.
Por eso, desde Asaja se apela a la responsabilidad de los municipios, para que no suban este impuesto y no penalicen a los agricultores y ganaderos, y también se pide a los técnicos de Hacienda que tengan en cuenta la realidad del sector.
