La provincia de Segovia tiene un problema, serio, con la contaminación de las aguas por nitratos de origen agropecuario. Como es sabido, el uso creciente de abonos químicos y la gran concentración de cabezas de ganado están en el origen de la cuestión, que se acentúa en aquellas zonas de la provincia con características edafológicas más permeables, pues allí el riesgo de quebranto a las aguas subterráneas es mayor.
“En las zonas donde se practica una agricultura intensiva se utilizan enormes cantidades de abonos químicos, a los que se suman los abonos naturales que provienen de los excrementos animales”, explica, de forma didáctica, Antonio E. Palomares, perteneciente al ‘Instituto de Tecnología Química’ del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. “Cuando estos compuestos —agrega— se encuentran en cantidades demasiado altas para que sean absorbidos por las plantas, se infiltran a través del suelo y alcanzan las aguas subterráneas, contaminando pozos y acuíferos”.
En Castilla y León, la normativa vigente sobre contaminación por nitratos de origen agropecuario establece que cada cuatro años se debe desarrollar un informe de seguimiento de la situación, para conocer la evolución de las ‘zonas vulnerables’ declaradas y evaluar otras, por si estuvieran afectadas por el problema.
Pues bien, en 2016 se constituyó un grupo de trabajo, interdisciplinar, con participación de técnicos de la Confederación Hidrográfica del Duero y de tres consejerías de la Junta (la de Fomento y Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería y Sanidad). Los resultados del denominado ‘Informe de seguimiento de la contaminación de las aguas por nitratos de origen agropecuario y propuesta de designación de zonas vulnerables’, concluido en Valladolid el pasado mes de noviembre, resultan, cuando menos, descorazonadores. La situación, lejos de mejorar, empeora. Y además, con bastante rapidez.
En 1998, la Junta designó las ‘zonas vulnerables’ de Castilla y León, que actualizó casi una década después, mediante el Decreto 40/2009. Las diez zonas designadas, o tenían entonces más de 50 miligramos por litro de nitratos en el agua—el nivel máximo permitido en la Unión Europea— o, aunque su contenido era menor, se estimaba que existía el riesgo de alcanzar dicho valor.
Esas diez ‘zonas vulnerables’ son las que han pasado ahora el examen. La conclusión final de la Junta es que “las medidas llevadas hasta el momento para el control de la contaminación con nitratos de origen agrario han sido poco eficientes, necesitando ser mejoradas y completadas”.
Así las cosas, la Junta adelanta, en el mencionado informe, que ha decidido incrementar el número de municipios incluidos en ‘zonas vulnerables’, de los 67 en toda Castilla y León de la designación de 2009, a 716. Se pasa, pues, de una superficie regional de 2.341,57 kilómetros cuadrados a una de 25.551,41. Se multiplica por diez la superficie declarada como ‘zona vulnerable’, lo que da una idea de la magnitud del desafío.
Además, el grupo de trabajo sostiene que, 25 años después de la entrada en vigor de la ‘Directiva de nitratos’, se hace obligada “una reflexión profunda” sobre el trabajo realizado a lo largo de este periodo para, a continuación, introducir programas de actuación en todas las zonas donde se constata una contaminación del agua por nitratos de origen agropecuario.
Antes de la aprobación del nuevo decreto de ‘zonas vulnerables’, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente abrió un periodo de consulta pública. El plazo para la realización de aportaciones concluyó el 5 de enero.
