El PSOE anunció ayer que su procuradora Ana Agudíez ha registrado esta semana en las Cortes de Castilla y León una Proposición No de Ley (PNL) pidiendo a la Junta los fondos necesarios para que concluyan las obras de la iglesia de San Baudilio del Pinar en Samboal, una restauración que se lleva retrasando, por una u otra razón, desde hace ya tres lustros.
La madrugada del 8 de noviembre de 1997, el desprendimiento de una campana causó graves desperfectos en la iglesia. Al día siguiente, el entonces alcalde de la localidad, Teodomiro Yusta, manifestaba en EL ADELANTADO que el deterioro del campanario «se estaba acelerando en los últimos años». En la misma información, el que era director general de Patrimonio, Carlos de la Casa, declaraba que no era posible destinar una partida presupuestaria a la rehabilitación de la iglesia al no estar declarada como Bien de Interés Cultural (BIC). Comenzó entonces un camino de espinas que todavía continúa.
Tras el suceso, en el año siguiente no hubo novedades. Hasta otra noche, la del 26 de octubre de 1998. Un nuevo desprendimiento en la torre provocó la indignación general de los vecinos de Samboal, que criticaron la actitud de las diferentes instituciones públicas, ninguna de las cuales había dado una respuesta positiva cuando se solicitó su ayuda económica para la necesaria restauración. El pueblo se movilizó, participando en cuantas iniciativas fueron planteadas para lograr fondos que evitasen la ruina del templo. Como medida provisional, se instaló en la torre un zuncho metálico, a modo de abrazadera, con el objetivo de que impidiese nuevas deformaciones de ese elemento del templo.
En 2001, y tras un lento proceso, la Junta declaró BIC a la iglesia de San Baudilio. Se abría así una puerta a la esperanza. En 2002 comenzó a tramitarse un expediente para la rehabilitación del edificio. A partir de esa fecha, las autoridades de Samboal tuvieron que deambular por oficinas para encontrar financiación. El Ministerio de Fomento decidió incluir la rehabilitación entre los proyectos beneficiarios del denominado «uno por ciento cultural», lo que venía a suponer el 75% del presupuesto total de la actuación. La Junta se sumó a la colaboración, con 72.000 euros y, el dinero restante, unos 50.000 euros, debía ser recabado entre otras instituciones.
Cuando todo parecía que estaba ya dispuesto para la contratación de las obras, el concurso convocado quedó desierto, obligando al Ayuntamiento a buscar una constructora. Finalmente, la empresa vallisoletana Trycsa inició los trabajos para acometer la rehabilitación, que tenía un presupuesto de 585.282 euros.
Se trataba de una restauración integral del edificio, con la pretensión de recuperar su aspecto original y eliminando diferentes añadidos sin valor, como la entrada. Así, se ha intervenido tanto en la torre como en las cubiertas, además de en su interior, cuyas paredes han sido picadas hasta recuperar el ladrillo primigenio. El proyecto, redactado por la arquitecta Patricia de Diego, también contemplaba el establecimiento de un sistema de drenaje en el perímetro de la iglesia, evitando así la humedad, uno de los principales enemigos del monumento a lo largo de su historia
Pero tampoco en esta ocasión la rehabilitación llegó a su fin, pues han quedado actuaciones secundarias sin ejecutar. Ahora, en la Proposición No de Ley presentada por Agudíez, la procuradora socialista insiste en considerar “prioritario” la terminación de las obras del monumento, que está cerrado tanto al culto como a las visitas turísticas.
Uniéndose a la demanda de Agudíez, el portavoz del PSOE en la Diputación, José Luis Aceves, también ha pedido que la Dirección General de Patrimonio de la Junta habilite los fondos necesarios para concluir la restauración. “Estimo que los fondos necesarios para terminar los trabajos se sitúan en torno a los 40.000 euros, por lo que el esfuerzo no es elevado y se puede realizar perfectamente, a pesar de los delicados momentos económicos actuales”, defendió Aceves.
