El Ayuntamiento aprobó en pleno la adhesión del municipio al convenio para la creación de un Fondo Social de Viviendas promovido por el Gobierno, el Banco de España, la Federación de Municipios y Provincias, la Plataforma del Tercer Sector (ONGs), las patronales bancarias y 33 entidades de crédito. Lo hizo con los votos a favor de los seis ediles del PP que asistieron a la sesión y los votos en contra de los concejales de PSOE e IU.
El edil de IU, Antonio de Benito, justificó su voto contrario señalando que son las propias entidades financieras las que ofrecen las viviendas de alquiler de su propiedad “que lo son fruto de los desahucios provocados por impago de las cuotas hipotecarias al no poder hacer frente a ellas sus propietarios”. Así afirmó que además “se alquilarán exclusivamente a aquellas familias cuyo desalojo se haya producido como consecuencia de una demanda de ejecución iniciada por la misma entidad de crédito que constituye el fondo social ”. “Estamos en contra de esta política de vivienda injusta, que ha conseguido que en un país con 3 millones de pisos vacíos se expulse a familias, afectadas por la crisis, de su vivienda habitual por no poder hacer frente a los pagos”, afirmó.
El alcalde, Jesús García, señaló que en la villa hay dos de estas viviendas de dos entidades lo que permitirá a dos familias que hayan sido desahuciadas desde enero de 2008 puedan acogerse al convenio y obtener una vivienda por el pago de entre 150 y 400 euros. Importe que nunca podrá superar el 30 por ciento de la renta familiar. El portavoz socialista Octavio Cantalejo señaló durante su intervención que este tema no es competencia del Ayuntamiento por lo que su grupo lo rechazó.
Media docena de miembros de Stop Desahucios manifestaron su malestar durante la celebración de la sesión plenaria.
