Las Cortes de Castilla y León rechazaron ayer, con los votos de PP y Grupo Mixto, que la Junta apruebe en el plazo de 15 días, tras la ratificación de la ley, el reglamento de desarrollo de la renta garantizada de ciudadanía para que las primeras resoluciones se empiecen a dictar durante el mes de septiembre. La propuesta de resolución del Grupo Socialista no salió adelante y está en el aire la petición de este Grupo para que el proyecto de ley se apruebe en un pleno de la Cámara en julio. De momento, hoy se reunirá la Ponencia para analizar las 56 enmiendas parciales que han presentado los socialistas.
Ana Redondo, portavoz del Grupo Socialista, ofreció en el debate del miércoles la retirada de las enmiendas, excepto dos, una para reducir el tiempo que prevé el proyecto para la elaboración del reglamento de desarrollo y otra sobre el silencio administrativo negativo, a la celebración de un pleno en julio. El portavoz popular, Carlos Fernández Carriedo, mantuvo que el texto, elaborado en el Consejo del Diálogo Social, no debe perder su esencia. Fuentes del Grupo Popular explicaron al termino del debate que en el articulado del proyecto de ley no existe el silencio administrativo negativo al que aludió ayer Ana Redondo.
Asimismo, la procuradora del PP María Jesús Moro en su intervención, recordó que el presidente de la Junta planteó un acuerdo a los grupos parlamentarios para definir las prioridades del gasto en 2010 y 2011 y añadió que han esperado «sin éxito» la respuesta de la oposición socialista. Moro defendió las políticas preventivas y paliativas ante la crisis con las que se pueda salir de la situación económica actual y «navegar», como entiende que realiza la Junta, y argumentó que su grupo está para trabajar en la salida de la recesión, por la ejecución de infraestructuras, por garantizar la calidad de los servicios y por reforzar la identidad regional.
Para ello, planteó aumentar los beneficios fiscales, políticas «serias» en torno a la Política Agraria Común, que no «se asfixie» a los ayuntamientos y que se mantenga Garoña, en lo que consideró que hay un agravio con Almaraz. «Queremos que se diga dónde está el recorte anunciado por Fomento sobre las obras previstas en Castilla y León», añadió.
