El Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas mantienen a buen ritmo los trabajos para definir completamente el marco para la aplicación de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) de acuerdo con los principios básicos acordados en la Conferencia Sectorial del pasado mes de junio. En principio, ese acuerdo final estaba previsto que se produjera antes de fin de año. Sin embargo, oficialmente por razones de calendario, aunque en el fondo la realidad es que subyacen importantes diferencias y cuestiones muy abiertas para a la distribución de los fondos, ese acuerdo no se producirá finalmente hasta los días 21 y 22 del próximo mes de enero. Entre las cuestiones más importantes a debatir se halla la distribución de los pagos acoplados, la delimitación de regiones de convergencia de ayudas y la definición de actividad agraria y agricultor activo como sujetos de los pagos.
En medios de la Administración existe una posición optimista sobre la posibilidad de lograr un acuerdo total en un clima de paz y estabilidad en las ayudas, lo que supone, en la parte contraria, el malestar de algunos colectivos que rechazan la posibilidad de que todo siga como hasta ahora, injusticias sufridas por quienes perciben menos ayudas o simplemente no perciben ninguna.
De acuerdo con los trabajos llevados a cabo por Agricultura en base a las demandas más importantes planteadas desde las distintas regiones, el Ministerio comunicó en las últimas fechas su posición sobre la futura distribución de las ayudas acopladas donde la reforma contemplaba la posibilidad de llegar al 13% de los pagos, más otro 2% para apoyar el cultivo de proteaginosas. La propuesta de la Administración central sobre la que deben responder los gobiernos regionales, contempla, el destino para los pagos acoplados de solamente el 11,8% sobre todos los fondos del primer pilar, 577 millones de euros que superarían los 600 si también se computaran las ayudas para otras producciones como el algodón.
Hay producciones de escaso peso, como el gusano de seda, que se han quedado fuera de las subvenciones. Sin embargo, se estima que con esta propuesta se mantiene un equilibrio en relación con la situación actual. En conjunto, se puede hablar de continuidad en las ayudas para las cabañas ganaderas y algunos cambios en el caso de la agricultura donde, entre otros pagos, destacan los 15 millones de euros previstos para apoyar el futuro de las superficies remolacha que, en los últimos años, tras la reforma de 2008, hay caído de 90.000 a unas 45.000 hectáreas. En la propuesta oficial desatacan los 188 millones propuestos para la vaca nodriza, los 155 para el ovino, 93 millones de euros para el vacuno de leche, 41 para el vacuno de cebo, nueve para el caprino, 44 para las proteaginosas, 15 para el azúcar, 14 para los frutos secos, 12 para el arroz y seis para el tomate industrial.
Una de los temas más importantes en la aplicación de la reforma de la Política Agrícola Común es la delimitación en cada Estado miembro de las zonas o regiones donde, en un proceso de varios años, hasta 2019, se debe producir un proceso progresivo de convergencia para que, al finalizar el mismo, la subvención más baja sea al menos el 60% de la ayuda media que de pague por una hectárea en ese territorio.
Arias Cañete mantiene su objetivo de que, con la aplicación de esta nueva medida, tampoco se produzcan importantes modificaciones sobre el volumen y el reparto de los pagos que se hacen en la actualidad. En función de cómo se delimiten esos territorios, es posible que unas tierras suban de precio hasta acercarse a esa media, mientras otras bajen, aunque, en el peor de lao casos, esa bajada no puede superar nunca el 30% sobre los pagos actuales.
Inicialmente se había barajado la posibilidad de fijar unas 40 regiones donde se desarrollara ese proceso de convergencia sobre un total de más de 300 regiones agronómicas que existen en Estado. Sin embargo, según los últimos planteamientos barajados por el Ministerio de Agricultura, parece que el número de esas regiones agronómicas se situará en la veintena, sin que ello vaya a suponer grandes modificaciones en los pagos. Al tratarse de divisiones agronómicas y no administrativas, será posible que en lo que se califique como una región agronómica pueden integrarse superficies de diferentes Comunidades Autónomas.
En lo que afecta a la actividad agraria y a los activos, la Administración mantiene sus planteamientos para que los beneficiarios de las ayudas sean solamente quienes desarrollen una actividad agraria.
En ese concepto se incluirían quienes a diario suben al tractor o cuidan directamente las explotaciones ganaderas. Pero, igualmente, quienes, sin hacer ese trabajo directamente, invierten en el sector, emplean medios de producción y crean empleo, dejando fuera a quienes solamente perciban ayudas de la PAC, sin desempeñar ni directa ni indirectamente una actividad agraria. El debate con el sector sigue abierto.
