Aprobada la reforma de la Política Agrícola Común, el Ministerio acaba de poner en marcha el proceso para la aplicación de la misma de acuerdo con el conjunto del sector y de las comunidades autónomas. El objetivo es que, en el plazo de varios meses, se pueda lograr un acuerdo en línea con la filosofía que ha defendido Arias Cañete en todas las negociaciones y que se concretaba en que no hubiera trasvases de pagos importantes entre territorios, sectores o explotaciones.
Para lograr este gran pacto nacional sobre la aplicación de la reforma, el proceso ha partido con el envío esta semana a todo el sector de un cuestionario donde cada una de las siglas con intereses en el campo plantee su posición sobre cada una de las muchas cuestiones que la nueva reforma deja abierta a la decisión de cada uno de los países miembros. Objetivo de Agricultura es disponer de todas esas respuestas en breve para poder elaborar con las mismas un documento de propuesta en la reunión prevista para la última semana de este mes con las comunidades autónomas. En el Ministerio se espera que no haya problemas para suscribir un acuerdo sobre el modelo para aplicar la reforma, como tampoco los hubo hace un año cuando se elaboró el documento de propuesta para defender ante las autoridades comunitarias la reforma que buscaba España.
De entrada, algunas autonomías se han quedado sin la posibilidad de poner sobre la mesa una de sus reivindicaciones como era la libertad para disponer de su sobre regional y aplicar su propia reforma. El Tribunal Constitucional ya ha dicho claramente que la PAC es una política estatal y que, en consecuencia, se deben aplicar esos criterios aunque el proceso se haga desde la coordinación y los acuerdos con todas las comunidades.
De las decisiones que se adopten puede depender la orientación que se dé a la distribución de un parte importante de los fondos del sobre nacional. Entre ese conjunto de aspectos que la Unión Europea ha dejado abiertos a la decisión de cada Estado, se podrían destacar los siguientes:
El trílogo español: el Ministerio, comunidades autónomas y el sector deben definir qué se entiende por agricultor activo como perceptor prioritario a la hora de cobrar las ayudas. Bruselas se ha limitado a señalar las exclusiones, quienes no deben recibir ayudas, superficies como campos de golf, zonas de recreo, aeropuertos, terrenos de Renfe, de inmobiliarias, etc. Una parte del sector solo quiere que se califique como activos a quienes se montan a diario en el tractor o cuidan directamente la ganadería, unos 300.00 beneficiarios. En una visión más amplia, se ve también como activo a quien invierte, arriesga en este tipo de actividades, aunque no trabaje directamente la tierra. Desde luego, no se considerará activo a quien hoy cobre ayudas PAC, activo o jubilado, y no aporte en sus declaraciones de la renta gastos o ingresos derivados de la actividad agraria.
En estas negociaciones se debe acordar el proceso de regionalización o la división de todo el territorio nacional en, entre 30 y 40 zonas, donde se debe ir a un proceso de convergencia o acercamiento de ayudas por hectárea contando que la superficie con la ayuda más baja en 2019 sea, como mínimo, el 60% de la media de esa zona. Ello significa que las regiones se delimitarán por criterios agronómicos: por ejemplo, las tierras de cereal de secano, los regadíos, el viñedo de secano, el olivar de secano etc.
España debe decidir qué se hace con la política de modulación o recorte en las ayudas. Bruselas aplicará probablemente un ajuste del 5% a partir de los 150.000 euros. Cada país tiene libertad para decidir modulaciones a partir de los 300.000 euros y, sobre todo, elegir qué se hace y dónde se destinan esos fondos. Agricultura, comunidades autónomas y el sector deben igualmente decidir los recursos que se van a destinar como pagos acoplados procedentes de ese 13% del sobre que se puede utilizar para esos fines. En principio, todo parece indicar que esos recursos irán mayoritariamente a las cabañas ganaderas, pero también se pueden utilizar para apoyar cultivos con dificultades. Para este fin se dispondrá de 640 millones de euros.
Existe cierta capacidad para decidir si se aplica un sistema de primas especiales más elevadas para las primeras 30 hectáreas de una explotación, aunque, en principio, no existe una predisposición a utilizar esta posibilidad. También se debe optar por cuál es el nivel de ayudas para calificar a uno como pequeño agricultor, entre 500 y los 1.250 euros, beneficiarios que, en este caso, no se verían afectados por la convergencia de las ayudas.
En frutas y hortalizas hay que adoptar una postura sobre aplicar o no un sistema de pagos directos, como ya se hace en otros países y que supone una clara discriminación para los españoles.
Hay que tomar decisiones sobre la aplicación de la reforma en sectores ganaderos como el vacuno de carne con el sistema actualmente acoplado de la vaca nodriza y que parece en el futuro seguirá en parte acoplado y parte desacoplada con pagos ligados a la superficie. Este mismo sistema, ligado a una superficie de terreno, se podría aplicar para el vacuno de cebadero para mantener las ayudas. España puede adoptar más medidas en relación con ayudas a zonas desfavorecidas y definir los conceptos para los pagos por la política de desarrollo rural. Se debe concretar el sistema a aplicar en el caso de los derechos en el viñedo. La reforma, frente a las explicaciones confusas que se dieron inicialmente, elimina los mismos desde 2015 a efectos de traficar con los mismos. Quien tenga un viñedo plantado, los podrá transformar en autorizaciones cuando los arranque. Para quien disponga de derechos de papel por arranques anteriores, se baraja que tenga un plazo de entre tres y cinco años para su transformación en autorizaciones. En ambos casos, estos papeles van ligados a su titular y no se pueden comercializar.
En materia de cadena alimentaria, España tiene más capacidad para reconocer organizaciones de productores que puedan operar ordenando la oferta, así como para la implantación de los contratos en otros sectores como aceite, vacuno o cereales, además de la leche donde se aplican en la actualidad.
En resumen, la otra reforma está por hacer.
