El Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas han mantenido en las últimas tres semanas las reuniones en los grupos de trabajo encaminadas a lograr un acuerdo sobre la aplicación de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) con nombres y apellidos. Se trata de unas negociaciones cuya celebración se acordó a finales del pasado mes de junio, cuando las ambas partes suscribieron un primer acuerdo básico sobre la aplicación estos cambios que han dejado muchos puntos abiertos para cada Estado miembro. Se trataba, principalmente, de lograr un consenso de cara a la distribución de los 35.700 millones de euros asignados a España para pagos directos hasta 2.020, otros 8.300 millones para medidas de desarrollo rural y otros 3.000 millones mas, según la estimación oficial, para la regulación de los mecanismos de los mercados.
En los grupos de trabajo celebrados hasta la fecha no se ha contado con las organizaciones agrarias, aunque se espera que las mismas sean informadas en una próxima reunión del Comité Asesor Agrario y que participen, igualmente, en el futuro en estos grupos, como partes más directamente implicadas en la aplicación de esa política. De esta forma, el objetivo del Gobierno es tener lista una propuesta para antes de que finalice el año.
Después de la asignación de recursos para España, comenzará su distribución. No se puede hablar de su redistribución, porque el ministro ya ha dejado muy claro muchas veces que, con la aplicación de la reforma y el cambio de un sistema de pagos por derechos históricos a otro por superficie, no se debe producir ninguna variación brusca en la asignación de fondos entre beneficiarios. Además, en cualquier caso, la merma de ingresos nunca supondrá perder más de un 30%. Este porcentaje solamente podría afectar a los cultivos que hoy cobran las ayudas más importantes: tabaco, algodón, etc. Pero no al viñedo, las oleaginosas o los cereales.
Como se recordará, el acuerdo entre el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas sobre principios básicos para la aplicación de la reforma de la PAC en España contemplaba varios puntos. Así, por ejemplo, no habrá una asignación a cada región para que la distribuya según sus criterios, ya que la PAC tiene carácter estatal. Además, no habrá trasvases de recursos entre los fondos para pagos directos y desarrollo rural.
Asimismo, el acuerdo señalaba que es preciso dividir el país en comarcas o regiones agronómicas más o menos uniformes donde deben ir las ayudas a una cierta convergencia con la media hasta 2019. Habrá cuatro tipos de regiones: de secanos, de regadío, de pastos y de cultivos permanentes.
También se apuntaba que para los jóvenes se debe destinar el 2% del sobre de forma obligatoria, y que no habrá pagos por debajo de los 300 euros desde 2015.
El acuerdo conlleva, asimismo, que un pequeño agricultor a es aquel que perciba ayudas de menos de 1.250 euros.
Se barajaba, también, la posibilidad de fijar un tope de pagos en los 300.000 euros, si bien de esa cifrase podrán deducir los costes laborales. Además, para los pagos acoplados se destinará el 15% de los fondos.
En cuanto a los sectores de viñedo o frutas y hortalizas, el acuerdo indicaba que los titulares que no hayan recibido pago con la PAC actual, seguirán sin recibir fondos. En el caso del vino, los 142,7 millones que se abonaban en régimen de pago único, se meten en el saco de pagos directos.
Asimismo, en política de desarrollo rural, uno de los ejes es la posibilidad de compatibilizar el programa nacional con los regionales que ya funcionan.
A partir de esos grandes acuerdos, ahora toca definir cómo se va a realizar esa distribución y, sobre todo, señalar quiénes tendrá derechos prioritarios para recibir las ayudas. De esta formas, todas las cuestiones que aún están pendientes se pueden resumir en cuatro puntos:
·Regionalización. Es preciso definir el número de regiones agronómicas en el país que debe ser no excesivamente amplio para evitar un desmadre administrativo, ni tampoco muy reducido. Se baraja la posibilidad de unas 40 en base a cuatro tipos de territorios: secanos, regadíos, pastos y cultivos permanentes. En los debates, las autonomías han aportado sus datos y la Administración central ha hecho sus proyecciones.
·Activos. Hay que definir quién será calificado como activo como objetivo prioritario de las ayudas. Es el debate más complejo y donde hay mayores diferencias. Desde la Administración central se han sugerido ya algunas visas para la celebración de elecciones en el campo. En ese texto se habla de personas dadas de alta en la Seguridad Social y que ejerzan como agricultores o cobren una ayuda por pagos directos de 3.000 euros. También se considera con derecho a voto la persona que demuestre que en sus ingresos totales tenga un 25% de actividades agrarias
·Acoplados. Se debe poner nombres y apellidos a los sectores agrícolas o ganaderos que vayan a recibir en el futuro esos 640 millones de fondos que hay que distribuir cada año, donde un 2% ya son para proteaginosas. Hasta la fecha, la mayor parte han ido para subvenciones ganaderas, pero ahora, ya reclaman parte de los mismos para otros sectores como los remolacheros.
·Tiempos. Finalmente, entre otras cuestiones, se debe decidir ya si el periodo para la determinación de las superficies máximas con derecho a los pagos son las registradas en 2011 o 2013, con techo en esos 22,4 millones de hectáreas señalados en su día.
