La próxima reforma de la Política Agrícola Común ha constituido y se mantiene como el principal motivo para el debate en el sector por lo que supone de ayudas directas y rentas para la mayor parte de los agricultores y ganaderos y por su papel para el funcionamiento de los mecanismos para la regulación de los mercados o los planes para el desarrollo en del medio rural. En los últimos meses, poco a poco se han ido despejando algunas de las dudas más importantes y se espera que los aspectos aún pendientes se resuelvan en los próximos tres meses en las negociaciones entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo.
En el caso de España, en breve se iniciarán las reuniones para la aplicación de la reforma entre la Administración y las comunidades autónomas para la búsqueda de una fórmula para la distribución del llamado sobre nacional, o el conjunto de los recursos a los que a accederá el país. El hecho de que haya una mayoría de regiones bajo administración del PP puede o debería ser un motivo para facilitar el entendimiento, aunque hablando de dinero se trata de un debate más complejo.
El Ministerio cree que la distribución se debe hacer desde Madrid, pero no asignar unas cantidades a cada Ejecutivo autonómico para que cada uno haga de la misma de la capa un sayo, algo que podría romper la unidad de mercado y que no encaja en la PAC.
De entre las cuestiones más importantes, hay dos que concentran el mayor interés y que afectan al ámbito de los recursos: disponibilidades financieras y su distribución por activos.
En el caso de las disponibilidades económicas, al margen de ese ajuste del 5% propuesto por la Comisión para los pagos de las peticiones de ayuda hechas en el año civil 2013, el interrogante ya quedó despejado el pasado mes de febrero, cuando se dio luz verde al Marco Financiero por el que, en el caso de España, se asignaban algo más de 35.000 millones de euros para el período hasta 2019 en ayudas directas, lo que debía a suponer unos 5.100 millones al año. Se trata de una cifra similar a la percibida por el mismo concepto en el período anterior, sin tener en cuenta el efecto de la inflación que supondrá un recorte real del 12%, aunque eso ya es algo habitual en todas las ayudas comunitarias que se fijan una vez y no se revisan con el paso de los años, salvo para su eliminación.
En lo que afecta a la distribución, los destinatarios de las subvenciones, Bruselas se ha limitado a marcar solamente algunas líneas, dejando el resto a la decisión de cada Estado miembro.
Un punto clave en esta política es la definición de activos como personas prioritarias a la hora de recibir los pagos. La posición más radical defendida en medios del sector es que solamente sean activos los profesionales cuyos ingresos por la actividad agraria supongan, al menos, el 50% y, yendo aún más lejos, que se montan directamente en el tractor o se hallan en la explotación ganadera.
Frente a ese planteamiento, la Unión Europea se limitó a excluir a las personas cuyas ayudas directas PAC no lleguen al 5% del total de los ingresos totales por actividades no agrícolas. Parlamento y Consejo no avanzaron más en esa definición y simplemente se limitaron a señalar, por exclusión, como activos para recibir ayudas, a campos de golf, aeropuertos, Renfe o grandes superficies de entidades cuya actividad no fuera la agricultura o la ganadería.
En España, en el marco de esa libertad que deja Bruselas a cada país para la asignación de los fondos, también se están debatiendo otras medidas, entre las que se podrían destacar las siguientes.
En un plazo de tres años, dejarían de cobrar ayudas comunitarias los perceptores cuyos importes estuvieran por debajo de los 300 euros. Se sobre entiende que un trabajador cuyas retribuciones no lleguen a esa cifra no se puede considerar como profesional de esa actividad, aunque el importe puede tener una significación muy diferente según el sector de que se trate. Quedarán fuera de las subvenciones aquellas personas que perciban fondos comunitarios, pero que en sus declaración de la renta no haya otras cantidades procedentes de la actividad agraria, para lo cual se requiere la colaboración de la Agencia Tributaria. En el caso de los derechos por pagos ganaderos, será indispensable contar con una cabaña real, al margen de disponer de diferentes superficies de pastos, como sucede en la actualidad.
En lo que afecta a los techos, el Ministerio que dirige Arias Cañete apoya la supresión de ayudas a partir de los 300.000 euros, pero falta por definir el porcentaje de modulación que se aplicará a partir de los 150.000 euros.
Cuantos más ajustes se hagan con esas medidas, más fondos habrá para apoyar a los sectores con mayores dificultades.
