Medio año después de que el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas hubieran suscrito un primer compromiso sobre las líneas básicas para la aplicación de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) en España, la última Conferencia Sectorial, celebrada esta semana, ha supuesto un paso definitivo para su ejecución, al abordar los aspectos más concretos sobre la distribución de los recursos con la definición de lo que se debe entender por actividad agraria y por agricultor o ganadero activo como persona física o jurídica prioritaria de las ayudas.
Durante los últimos meses, representantes del Gobierno y de las regiones han celebrado reuniones de trabajo para definir el modelo para la aplicación, tanto de los pagos de las ayudas directas, como para hacer una asignación de los recursos por producciones de los pagos acoplados. Queda pendiente para los próximos meses lo que deberá ser la territorialización de las superficies a efectos de convergencia parcial de las subvenciones de las hectáreas que compartan ese espacio y que podrían elevarse a poco más de 20 regiones, frente a las más de 300 comarcas que existen en el país.
El acuerdo para la aplicación de la reforma de la Política Agrícola Común no se puede decir que se haya hecho sin contar con la presencia de las organizaciones agrarias o de las cooperativas alimentarias. Sin embargo, la realidad es que los ejes de los debates para la definición de lo que es la actividad agraria, los profesionales activos y la asignación de los fondos para los pagos acoplados se ha hecho, fundamentalmente, en los encuentros con las autonomías, donde cada una ha llegado a la mesa con el objetivo prioritario de no perder fondos en relación con los percibidos en los años precedentes. En 2012, las ayudas directas ascendieron a un total de 5.570 millones de euros, de los que Andalucía se llevó la mayor parte con 1.633 millones, seguida de Castilla y León con 914, Castilla-La Mancha con 781 millones, 538 para Extremadura y 427 para Aragón, por citar los más importantes.
Uno de los planteamientos más repetidos en los últimos meses desde el Ministerio de Agricultura era que con la nueva reforma y el cambio de un modelo de pagos por derechos históricos a otro por superficie, no se produjeran trasvases significativos de fondos entre territorios, explotaciones y beneficiarios. Esta filosofía es buena para asegurar la estabilidad del actual sistema, pero es negativa para actividades y sectores que estaban injustamente tratados y que se van a seguir quedando fuera de las ayudas, como algunas cabañas ganaderas y parte muy importante del sector de frutas y hortalizas.
En la ideología de la nueva reforma hay dos puntos clave que debían ser tenidos en cuenta por los países miembros a la hora de la distribución de los recursos: que los mismos vayan solamente para la actividad agraria real y que los beneficiarios sean solo personas activas físicas o jurídicas implicadas en agricultura y ganadería.
Así, Bruselas ya excluía de esa lista de posibles beneficiarios a grandes superficie de terrenos dedicados a otras actividades como aeropuertos, campos de golf o tierras de empresas constructoras y dejaba la puerta abierta para que cada país pudiera aumentar esa lista. España no alargó esa nómina y en coordinación con las regiones, diseñó un modelo para asignar esas subvenciones en base a definir qué es actividad agraria y quién se puede considerar como profesional activo.
En lo que se refiere a la actividad agraria, el acuerdo contempla que el solicitante deberá declarar la parcela y los cultivos que esté realizando en la misma, incluidos los barbechos. Si se trata de pastos, además de indicar la parcela, deberá señalar su código de registro como explotación ganadera y la carga de animales para ver si su dimensión es acorde con la cabaña (una vaca por hectárea). Además, la ubicación de los pastos no deberá estar a grandes distancias de donde se halle la explotación. Si se trata de superficie agraria, es indispensable que haya en la misma una actividad anual, así como disponer de justificantes de gastos como que se han realizado las labores. En ningún caso la superficie podrá estar en situación de abandono.
En cuanto a la definición de activo, Agricultura se vio forzada a elevar el porcentaje de ingresos que deberían proceder de la actividad en la explotación. Inicialmente planteaba que para ser activo o persona prioritaria a efectos de recibir las ayudas bastaba con que los ingresos fueran de solo el 10%, y que el 90% restante correspondiera simplemente a los pagos comunitarios. Al final ha quedado en un 80% de pagos por ayudas y 20% de ingresos por la actividad productiva. Para el sector se trata de un incremento importante, pero insuficiente que no deja fuera a muchos absentistas.
Las regiones, por tanto, han logrado, en líneas generales sus objetivos de que la asignación de pagos directos no supusiera un trasvase de subvenciones. El acuerdo contempla que las variaciones con respecto a la situación actual sean solamente de un 0,67%.
Finalmente, el acuerdo contempla el destino de 585 millones para pagos acoplados a producciones con problemas donde se mantienen los sectores que los recibían con anterioridad, vacuno, ovino o caprino y, como novedad, destaca el destino de 16,8 millones para la remolacha azucarera. Se deja la puerta abierta para incorporar a esta medida otras producciones como olivar, trigo duro o uva pasa.
