El secretario autonómico del PSOE de Castilla y León, Óscar López, ha dicho hoy, en torno a la polémica sobre la indicación Viñedos de España, que hay denominaciones de origen asentadas y con mercado internacional, como Rioja o Ribera del Duero, «que tenemos que defender y consolidar.
López, que ha asistido al torneo de tenis Villa de El Espinar, junto a la portavoz parlamentaria Ana Redondo, ha subrayado a los periodistas que «el Gobierno no está atentando contra ninguna marca de calidad» con la nueva indicación.
La Junta de Castilla y León ha anunciado que recurrirá la indicación geográfica Viñedos de España, creada el 30 de julio por orden ministerial, porque «favorece a determinadas regiones españolas con exceso de producción y reducida calidad».
El también diputado por Segovia ha insistido en que con esta iniciativa, el Gobierno de España «lo que hace es dar salida a otros vinos que se producen en nuestro país y que no tienen ese mercado internacional».
No obstante, López ha matizado que «si el Gobierno de Castilla y León entiende que esa marca atenta contra los intereses de nuestros viñedos y de los vinos, especialmente el Ribera del Duero; espero que la consejera Silvia Clemente, que presume de tan buenas relaciones con el Gobierno de España, sea capaz de resolver el problema».
En relación a la Renta Básica de Ciudadanía, el dirigente socialista ha manifestado en alusión al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que «escudarse en los sindicatos para justificar su incumplimiento me parece cobarde».
Para López, retrasar la implantación de la Renta Básica «es un incumplimiento grave por parte del presidente Herrera; fue él mismo quien puso la fecha del 30 de julio, para cerrar el acuerdo, no lo hicieron ni los sindicatos ni el PSOE; me parece un ejercicio de insolidaridad».
Óscar López ha insistido en que «un presidente no puede delegar sus responsabilidades y no puede irse de vacaciones sin garantizar ese derecho a los ciudadanos de esta Comunidad y que está recogido en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que establece que haya esa renta de ciudadanía que tienen otros ciudadanos de otras comunidades autónomas».
