La reciente declaración institucional de los jueces de instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid marca un punto de inflexión que no debería pasar desapercibido en una democracia madura. Es la respuesta serena, pero firme , de quienes tienen la responsabilidad de aplicar le ley frente a un clima creciente de descalificación institucional.
El artículo 117 de la Constitución Española no deja margen a interpretaciones interesadas: los jueces son independientes y están sometidos únicamente al imperio de la ley. La independencia no solo se protege mediante unas normas formales, sino a través de una cultura política basada en el respeto. Y es precisamente esa cultura la que se resiente cuando un ministro opta por la descalificación personal. Lo que ha ocurrido ha sido una imputación directa a la profesionalidad de un juez. Y cuando esto se hace desde el poder político, tiene una carga especialmente grave.
El respaldo al juez Peinado no es una cuestión personal ni corporativa, es una defensa del propio Estado de Derecho. Cuando a un juez se le cuestiona desde el poder ejecutivo por el ejercicio de sus funciones, lo que está en juego no es su reputación individual, sino la credibilidad del sistema judicial en su conjunto y por supuesto esa credibilidad es un pilar esencial de cualquier sociedad libre. Los jueces deben poder actuar con independencia y sin presiones, vengan de donde vengan. Por eso es preocupante que desde instancias del Ejecutivo, y en particular desde el Ministerio de Justicia, se emitan valoraciones que pueden interpretarse como intentos de desacreditar decisiones judiciales.
Si se pueden criticar y en democracia es legítimo, lo que no lo es, es deslegitimar a quienes las dictan. Cuando quien habla es un miembro del Ejecutivo, sus palabras no son imparciales ya que tienen capacidad de influir en la opinión pública. Y que pasa si esto sucede? Se erosiona la confianza ciudadana y por consiguiente debilita las instituciones.
La declaración de los jueces madrileños es, en este sentido, un recordatorio necesario y obligado: la ley es igual para todos. No hay excepciones, no hay privilegios. Por tanto esa igualdad solo se puede garantizar, si quienes la aplican lo hacen con independencia y sin verse sometidos a campañas de presión o descrédito.
El respeto a las instituciones no es opinable, es una obligación y más aún para quienes ocupan responsabilidades públicas de primer nivel. Las palabras importan, y sobre todo cuando se pronuncian desde el poder. Por eso lo que se espera es prudencia, mesura y compromiso inequívoco con el respeto al poder judicial.
Apoyar al juez Peinado no es alinearse con una persona concreta, sino reafirmar un principio y es que la justicia debe actuar libremente, sin interferencias, y que cualquier intento de debilitarla debe ser respondido con firmeza democrática.
Las declaraciones del ministro Bolaños han provocado tensiones con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha recordado al ministro la necesidad de respetar las decisiones judiciales.
Porque al final, lo que está en juego no es un nombre propio, sino algo mucho más importante, la confianza de los ciudadanos en que la ley, efectivamente, es igual para todos y con estas declaraciones y manifestaciones la ley no es igual para todos.
