El presidente del Gobierno anuncia que está dispuesto a cambiar el sistema previsto en la Constitución para el nombramiento de los vocales del CGPJ. Pedro Sánchez se siente acorralado y también habla de medidas, por ahora sin concretar, para atar corto a los medios de comunicación. Los desafectos, claro. Los hechos que envenenan su sueño son varios y de porte dispar.
Con la excepción del buen resultado en Cataluña, está la serie de derrotas encadenadas sufridas por el PSOE en las urnas, la última en las elecciones europeas. Pero, sobre todo, los casos judiciales que comprometen a su entorno familiar. Su esposa y un hermano están siendo investigados en sendos sumarios de naturaleza y acusaciones dispares de los que hasta la fecha no se ha derivado sanción alguna -a ambos les asiste la presunción de inocencia- pero a la vista de los anuncios de Sánchez se desprende que no soporta la presión mediática que generan dichos casos.
En este contexto el anuncio de que pretende cambiar el sistema por el que se elige los vocales del CGPJ está siendo interpretado como una amenaza, un intento de amedrentar a quienes tienen señalado por ley administrar justicia. Vicente Guilarte, el presidente interino de este órgano, tilda de “amenaza aterradora” la propuesta de Sánchez. En el rechazo a cambiar el actual procedimiento de elección de los miembros del CGJP coinciden también las dos principales asociaciones de magistrados.
En fuentes judiciales se señala que la pretensión de Sánchez es controlar el Tribunal Supremo por la puerta de atrás. Por otra parte, en relación al difuso anuncio para controlar a los medios -se queja de los ‘tabloides digitales’ que, según él, difunden bulos-, a todas luces suena a un ‘aviso a navegantes’. Una amenaza ante la que todavía no se ha producido reacción alguna por parte de las asociaciones de la Prensa. Salta a la vista que la profesión está dividida, es mucha la precariedad salarial y laboral en el sector. El gremio refleja la polarización política que divide al país y, por qué no decirlo: la sombra del Gobierno es alargada y beneficiosa para aquellos empresas a quienes alcanzan las asignaciones de la publicidad institucional: 138 millones de euros era la partida en 2024. Malos tiempos para todos.
