La situación política en Cataluña está más que revuelta. Para empezar, los fiscales del Tribunal Supremo, amén de los que han intervenido en otros juicios del llamado “proces”, se niegan a que se aplique la ley de amnistía en su totalidad ya que defienden que la malversación es un delito no amnistiable.
Pero no solo los fiscales del “procés” se muestran reticentes a que se aplique la amnistía a los imputados, sino que el Tribunal de Cuentas ya ha anunciado su decisión de plantear una “cuestión prejudicial” al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la responsabilidad de algunos de los dirigentes independentistas catalanes para llevar adelante el “proces”. Sin olvidar que el juez Pablo Llarena mantiene la orden de detención de Carles Puigdemont.
Así las cosas, la ley de amnistía fue aprobada un día después de que en el Parlamento de Cataluña los partidos independentistas ignoraran la decisión del Tribunal Constitucional de no aceptar los votos telemáticos de Carles Puigdemont y Lluis Puig de Junts, ambos huidos de la Justicia, después de la declaración unilateral de independencia en el 2017. Y, puestos a recordar, recordemos que posteriormente fue el PSC quien en su día presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para que este aclarara si son válidos o no los votos telemáticos de los políticos fugados.
En realidad, la decisión de los independentistas de saltarse a la torera la decisión del Tribunal Constitucional no coge a nadie por sorpresa, porque hay que reconocerles el valor de no engañar sobre sus intenciones, que vienen repitiendo desde el 2017. Como es habitual, el Gobierno mira hacia otro lado, porque aprobada su ley de amnistía para, según decían, que las aguas volvieran a su cauce en Cataluña, lo cierto es que se han vuelto a encontrar con que el independentismo tiene una agenda irrenunciable. Vamos, que no tienen propósito de enmienda.
Es decir, la ley de amnistía ha tenido una sola función: que en su día los siete votos de Junts sirvieran a Pedro Sánchez para repetir como Presidente del Gobierno. Y es que la realidad es tozuda y ni Puigdemont ni los suyos están dispuestos a dar un paso atrás, y no cabe engañarse porque es lo que vienen repitiendo.
Así las cosas, el nuevo presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, ha anunciado que el próximo martes empezará a reunirse con los representantes de los grupos parlamentarios para poder proponer un candidato a presidente de la Generalitat.
Está por ver si Carles Puigdemont se decide a presentarse en Barcelona para defender su candidatura a presidir la Generalitat o espera a que lo haga Salvador Illa, y si este no logra los apoyos suficientes, entonces hacerlo él.
Con Puigdemont nunca se sabe. La cuestión es si el bloque independentista impedirá convertirse en Presidente a Salvador Illa, ganador de las elecciones autonómicas en Cataluña.
De todo este lío, lo único evidente, es que han quedado en papel mojado todas esas razones esgrimidas por Pedro Sánchez y su Gobierno para defender la aprobación de la ley de amnistía.
Los partidos independentistas catalanes no sólo no aprecian la “generosidad” del Estado, sino que no están dando ni un solo paso atrás, sino más bien siguen dando pasos adelante.
O sea que el problema no se no se ha resuelto sino que si me apuran se está agravando cada día más. Lo dicho: los responsables del independentismo catalán carecen del propósito de enmienda, así que aprietense los cinturones.
