En la sesión de control de este miércoles en el Congreso, el presidente del Gobierno amagó por enésima vez con abordar un plan de “regeneración democrática” con carácter inmediato. Como si el pecado fuera solo de otros. Como si en el desempeño del cargo que ocupa Sánchez fuese ajeno al estado de reyerta permanente en la política nacional.
Mensaje claveteado a renglón seguido ante las cámaras de TVE. Con más detalles y casi en plan de ultimátum. Por un lado, impulsar en el Congreso una ley de calidad democrática. Por otro, anular la facultad del CGPJ para hacer nombramientos de alto nivel (magistrados) en el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos.
En cuanto a lo primero, Sánchez se remite a la trasposición de una directiva de La UE sobre transparencia y financiación de los medios de información. Una excusa para desquitarse de los disgustos que le viene causando la democrática figura del “mensajero” en un régimen de opinión pública. Y en cuanto a lo segundo, amenaza en toda regla al Partido Popular si este no se aviene a la renovación del órgano de gobierno de los jueces antes de que termine el mes de junio.
Se podía ahorrar este tono amenazante el presidente del Gobierno si, de una vez por todas, pusiera el respeto a los valores constitucionales por encima de su cercanía a partidos abiertamente subversivos. Estaría en el buen camino para resolver problemas que afectan al funcionamiento del Estado. El que pasa por el entendimiento del pilar izquierdo con la fuerza política que constituye el pilar derecho de la centralidad.
Veo con envidia el televisado apretón de manos de Montenegro (centro derecha, en el Gobierno portugués) y Costa (socialista, en la oposición), unidos en la defensa conjunta de la candidatura del segundo para un alto cargo de la UE.
Me invita a creer que una sentada de Sánchez y Feijóo, sin patadas por debajo de la mesa, pensando solo en el bien superior del país y en la mayoritaria voluntad del pueblo soberano (quince o dieciséis millones de españoles votan al PP y al PSOE) bastaría para negociar la renovación del CGPJ, y también sería la fórmula indicada para combatir la fabricación de fango y esa polarización política de la que se aprovechan los partidos de confesada aversión al ordenamiento constitucional.
No tengo la menor esperanza de que eso vaya a ocurrir, por desgracia. Pero deben saber ambos dirigentes, tanto Sánchez como Feijóo, que la polarización derivada entre otras cosas del distanciamiento personal entre ambos, es uno de los elementos que generan “Alvises” por la derecha e “Iglesias” por la izquierda (hagan memoria de diez años atrás), al grito de “No nos representan” y los histéricos llamamientos a acabar con la “casta” (¿recuerdan?).
