El Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, ha dado nueva redacción al artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores para blindar los convenios colectivos vascos, es decir ha dado prioridad aplicativa de los convenios autonómicos sobre los estatales y sectoriales, con lo que se cumple el compromiso del Presidente del Gobierno con el PNV para conseguir su investidura. La prevalencia de los convenios autonómicos se acordó en el pacto de investidura del PNV y del PSOE de 10 de noviembre de 2023, que no pudo llevarse a efecto por no convalidarse el decreto-ley dictado al efecto. Sin embargo, la vicepresidenta segunda del gobierno y Ministra de Trabajo, Yolanda Díez, se opuso a esta normativa en 2021, pero no tuvo aspavientos en cambiar de opinión en diciembre de 2023 para conseguir el apoyo del grupo vasco a la investidura señalada.
El PNV en definitiva ha conseguido otro objetivo histórico, que los convenios vascos serán soberanos y prevalecerán sobre los acuerdos de alcance nacional, lo que llevará consigo la fractura de la negociación colectiva, al propio tiempo que se garantiza que los trabajadores contratados en empresas vascas perciban unas retribuciones salariales superiores al resto de los trabajadores, con lo que se crea una clase de trabajadores de 1ª división sobre el resto.
Un nuevo privilegio que ahora de nuevo logra el País Vasco y que afectará significativamente a la cohesión social de nuestro país y a la competitividad de la economía española. También rompe las reglas de la negociación colectiva y pone en peligro la unidad de mercado a nivel nacional.
La nueva legislación confirma el pacto firmado en 2017 entre la patronal vasca Confebask y los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT, en el marco de la mesa de diálogo social vasca. Un privilegio que se suma a la situación derivada del Concierto Económico con el País Vasco, donde las Diputaciones forales vascas son las habilitadas para el cobro de los impuestos, y sin que la Comunidad Autónoma del País Vasco deba contribuir a la solidaridad interregional. Se crea una situación insostenible debida al fomento de las diferencias interregionales desde el punto de vista social y económico entre regiones. En el norte y este peninsular es donde se fomenta el desarrollo de nuevas actividades productivas y con mayores niveles retributivos, donde además los pensionistas gozan de mayores pensiones, frente a la España vaciada donde se la margina a vivir de un sector primario depauperado.
El diálogo social está roto con este Gobierno. Yolanda Díez tiene en su agenda el encarecimiento del despido, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas sin reducción de sueldo, y las nuevas reglas para medir la representatividad empresarial, lo que ha puesto en guardia a la patronal.
Resulta evidente que la investidura constituye un pagaré que ha de abonarse a plazos, pero cabe la duda si nuestro país se lo puede permitir.
