La deuda del conjunto de las Administraciones Públicas subió en 19.549 millones de euros el pasado mes de febrero respecto del mes anterior (1,2%) hasta alcanzar la cifra de 1.602.662 millones de euros, otro máximo histórico. En realidad en el último año, la deuda pública ha aumentado un 5,4% con 82.416 millones de euros más, de acuerdo con los datos del Banco de España, por el aumento del gasto público constante.
La subida mensual de la deuda en febrero se debe básicamente al aumento del endeudamiento del Estado y de las Comunidades Autónomas, manteniéndose los dados correspondientes a los Ayuntamientos y a la Seguridad Social. La deuda del Estado asciende a 1.441.876 millones de euros con un aumento mensual en el mes de febrero del 1,3% (+18.567 millones de euros) y la deuda de las Comunidades Autónomas suma 327.881 millones de euros con un incremento del 1,2% (+3.753 millones de euros). Cifras que se añaden a la deuda de la Seguridad Social (116.171 millones de euros) y que se financia con préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería de la Seguridad Social.
El problema del aumento de la deuda y del gasto público resulta preocupante si tenemos en cuenta al mismo tiempo el incremento de la presión fiscal en España. La recaudación tributaria del Estado sumó un nuevo récord en 2023, alcanzando la cifra de 271.935 millones de euros (IRPF con 120.280 millones e IVA 16.500 millones de euros). Son 16.500 millones de euros adicionales respecto del año 2022, con un +6,4% por el aumento de la presión fiscal, dado que la recaudación aumentó un 10% en la imposición directa y un 1,7% en la indirecta (IVA, etc.). En efecto, España lidera el alza de la carga fiscal al empleo en los países desarrollados, de acuerdo al informe “Taxing wages 2024” de la OCDE, si sumamos las cotizaciones sociales y el IRPF. La presión fiscal en España se habría incrementado de forma generalizada, tanto sobre las empresas como respecto de los ciudadanos, en concreto la carga tributaria sobre el salario medio (S.Social + IRPF) se eleva hasta el 40,2% del coste laboral bruto en 2023, seis décimas más que el año 2022, lo que constituye un lastre a la creación de empleo y para la actividad económica. Es decir, los impuestos al trabajo en España son más altos que en Dinamarca o Noruega.
El panorama político actual en nuestro país no alienta a la esperanza de que se tomen medidas en materia de reducción del gasto y de la deuda pública. Sin embargo el pasado 23 de abril, el Parlamento Europeo aprobó las reglas fiscales que han de respetar los Estados miembros en orden a conseguir el respeto al límite de déficit del 3% sobre el PIB y una deuda que no supere el 60% sobre el PIB, lo que obligará a España a recortar unos 15.000 millones de euros de su deuda. En efecto, la nueva normativa obligará a España a reducir la deuda pública en un 1% anual, dado que nuestro país tiene una deuda del 107,7% del PIB, al mismo tiempo que deberá alcanzar un colchón financiero para atender futuras crisis.
Unas previsiones comunitarias que chocan con los planes gubernamentales centrados en el aumento del gasto público y en atender sus necesidades electorales, de hecho la deuda pública española se ha incrementado en 380.000 millones de euros desde el año 2019.
