No he querido valorar la decisión tomada por el Presidente del Gobierno el pasado lunes, pero la situación política del país desde hace unas semanas, en especial desde ese día, se aleja de la conocida en los últimos 28 años. Unos procedimientos judiciales que traen causa de supuestos acontecimientos sucedidos en la vida pública han sido el detonante final; el trato y la respuesta con que han sido recibidos por el ejecutivo nos ha dejado perplejos.
El poder ejecutivo, el Gobierno, es uno de los tres poderes principales que representan en nuestra Constitucional Monarquía parlamentaria al Estado social y Democrático de Derecho. El poder ejecutivo está creado por la Constitución. A ella debe sus funciones, los límites de sus potestades y prerrogativas; un poder político limitado por y bajo el derecho constitucional y sus normas de desarrollo. Otro poder Constitucional lo representa el Parlamento formado por los representantes de la soberanía nacional, soberanía que emana del pueblo. Como contrapeso a estos, al Poder Judicial le corresponde administrar la justicia que emana de la Constitución bajo las normas producidas por los representantes de ese mismo pueblo en sus Parlamentos. División de poderes contrapesados y distribuidos por la Constitución como garantía de libertad, alejándose de la concentración de poder en un solo estamento, característico de las dictaduras.
Que las denominadas por unos “difamaciones, bulos, mentiras groseras, degradación de la vida pública, acoso y falsedades” lleguen a convertirse en procedimientos judiciales es, ni más ni menos, utilizar los procedimientos Constitucionales del Estado de Derecho característicos de su buen funcionamiento. La Justicia es un Poder Constitucional independiente al que se someten las demandas sobre el juicio de las normas que han aprobado los poderes políticos. Esto deja claro que los jueces no elaboran las Leyes, su misión es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado; tienen prohibido crear Derecho. Esas normas en las que basan sus fundamentos jurídicos las hemos creado previamente en los parlamentos como resultado de la elaboración democrática del pueblo a través del mandato representativo, cosa que hay que repetir una y mil veces.
Si el Poder Judicial conoce, analiza, investiga, disecciona, estudia, comprueba y luego sentencia que el origen de esas denuncias o querellas fuera falso, los denunciados o querellados injustamente tendrán la oportunidad, sobre la base del cuerpo de la sentencia, de demandar a los antes sujetos activos de las mismas. Este es nuestro sistema jurídico, extremadamente garantista para unos y para los otros sin distinción. Sin embargo, lejos de este juego democrático, hemos escuchado frases lamentables con acusaciones inaceptables hacia el Poder Judicial. Mensajes y acusaciones populistas, en otro caso, alejadas de la dinámica Constitucional del desarrollo del derecho fundamental a la información veraz, triturando a los medios de comunicación que se hicieron eco de estas informaciones.
Nadie ‘sobra’ y nada hay que ‘limpiar’ en nuestro Estado Constitucional en que caben todos. Un sistema que, por supuesto, precisa más mecanismos de corrección, contrapeso y control del poder. O quizás que se cumplan los establecidos. No queremos una Constitución semántica a la que nos pueden llevar todos estos discursos y la colaboración de determinados Órganos relevantes. Lo que precisa el desarrollo Constitucional son más controles contra la corrupción y normas severas contra sus protagonistas.
Atravesamos momentos convulsos a los que se ha inferido alta tensión política y social. Escuchamos con asombro consignas que nos provocan intenso vértigo democrático propio de otras épocas lejanas. Nada más alejado de los principios que imperaron en ese fenómeno de transcendencia mundial que fue la transición española. Transición que se sintetizó en nuestra Constitución de 1978, pacto de transacción entre todos los planos políticos españoles que ha dado a nuestro país el mayor periodo de paz y prosperidad de nuestra historia. Y al espíritu de ese pacto debemos apelar en estos momentos difíciles todos los demócratas independientemente de nuestra adscripción política; momentos quizá más delicados de lo que algunos piensan. Seguramente de asombro serían las expresiones de nuestros Constituyentes y políticos de la transición si no fuéramos capaces de generar una salida constructiva a esta situación. Con más democracia; más sometimiento del Estado y de todo el poder al Derecho; más participación directa de la soberanía nacional; más legalidad e imperio de la Ley y, finalmente, con valentía, humildad y coherencia política.
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(*) Senador de la XII legislatura.
