El Senado no es el PP ni el Congreso es el PSOE. Pero lo parece. Hasta ese punto la guerra partidista está contaminando el funcionamiento de las instituciones. Hasta el punto de crear un choque entre las dos Cámaras de la representación popular. Ni más ni menos digna la una que la otra. Ni más ni menos representativa del pueblo soberano la llamada “baja” que la llamada “alta”, ya hablemos de personas como de territorios.
Son reflexiones colaterales al hilo del conflicto de competencias entre el Senado y el Congreso que aquel planteará ante el Tribunal Constitucional al paso de la proposición de ley de amnistía por la Cámara Alta. Solo en el caso de que el Congreso, en fase preliminar, se niegue a retirar dicha proposición de ley, lo cual es muy poco probable.
Y en ese caso -que el Congreso no retire la ley-, el TC tendrá que mojarse en el “conflicto de competencias o atribuciones” que el Senado le pondrá sobre la masa por entender que la amnistía es anticonstitucional en lo formal (“fraude del proceso legislativo”) y en lo material (la Constitución prohíbe los indultos generales y la amnistía con más motivo).
Los promotores socialistas de la iniciativa legislativa (amnistía para los implicados en el “proces”) responden identificando al PP con el Senado (de ninguna manera aceptarían que el Congreso se identificara con el PSOE) y rasgándose las vestiduras porque se crea un escenario “sin precedentes” y un conflicto “inédito” que no lleva a ninguna parte.
Craso error:
El escenario está contemplado y regulado legalmente. Véanse los artículos 59 y 73 de la Ley del TC. Lo de “inédito”, “sin precedente”, filibusterismo”, no viene a cuento, salvo que también lo apliquemos a la amnistía, que tampoco tiene precedentes en el orden democrático inaugurado en 1978 y tampoco se contempla en los vigentes marcos legales. Con una diferencia: así como la apuesta por la amnistía, de dudosa constitucionalidad (principio de legalidad), es estrictamente política (principio de oportunidad), la decisión del Senado de plantear ante el TC un conflicto de atribuciones con el Congreso se basa en una argumentación técnica: la que consta en el informe de los letrados de la Cámara que sugiere acudir al TC.
Todo lo cual no supone que la decisión esté exenta de intención partidista. No soy tan ingenuo como para no darme cuenta de que este movimiento del PP, con mayoría absoluta en el Senado, pretende obstruir, que no impedir, el camino de la ley de amnistía hacia el BOE. Lógico.
No será un camino de rosas. Pero eso encaja en la voluntad del PP de hacer todo lo que esté en su mano para tumbar la amnistía a los golpistas de 2017. O, al menos, para estrechar su campo de aplicación. En este caso, suscitando un conflicto de atribuciones al más alto nivel.
