La inaceptable insolidaridad de los independentistas catalanes Saben que tienen “las llaves del Reino” y a Pedro Sánchez cogido por donde más le duele. No se conforman con una amnistía inconstitucional, porque ya ganaron la batalla de los indultos, de la sedición y de la malversación. Siguen diciendo que lo volverán a hacer “y mejor”, que el 1-O fue una fiesta de la democracia y de la libertad, que ya han levantado casi todos los peajes y que quedan menos cosas para ganar este “conflicto de soberanía”: el referéndum de autodeterminación y, antes, “la independencia fiscal”, un paso imprescindible para la total independencia política.
Pere Aragonès se ha venido a Madrid a los Desayunos de Europa Press para decirle al Gobierno que también le va a ganar esta batalla. De momento, van 10 a 0, aunque varios goles se los ha metido el PSOE en su propia puerta y en la de todos los españoles. Esquerra Republicana de Cataluña que preside en funciones la Generalitat ha presentado en Madrid su último desafío al Estado español y a todos sus ciudadanos: exige “una financiación singular como la que ya existe en muchos lugares del mundo, como el País Vasco y Navarra (sic)”, negociada bilateralmente con el Estado español, de igual a igual y excluyendo al resto de las comunidades autónomas. ¿Cómo se concreta eso? Cataluña recaudaría el 100% de los impuestos, tendría libertad para gestionarlos y gastarlos, así como capacidad normativa para modificar lo que no le guste. Acordaría, también de forma bilateral, qué cantidad aportaría a un Fondo de Solidaridad interregional, “de forma temporal y sujetos a unos objetivos” que fijarían Cataluña y el Estado español, sin participación de las comunidades autónomas afectadas y que controlaría Cataluña.
Previamente, de acuerdo con los acuerdos que sirven para sostener al Gobierno de Pedro Sánchez en Madrid, habría que condonar 15.000 millones de todo lo que adeuda Cataluña al Estado y garantizar el aumento de la inversión pública allí. Eso sí, en el paquete no entra la Seguridad Social, porque es deficitaria en Cataluña, y si les dieran la recaudación y gestión, los jubilados catalanes no podría cobrar sus pensiones. Ahora, las pagamos entre todos los españoles. Cataluña es la tercera autonomía que más aporta hoy al Fondo de Solidaridad interregional, pero por delante están Madrid y Baleares, que no tendrían ni voz ni voto en este acuerdo de privilegios, como tampoco el resto de las autonomías, que, según Aragonés, “no tienen firmeza en sus convicciones”. Si pidieran lo mismo que Cataluña, todo el sistema de solidaridad se rompería. Que esta propuesta sea claramente inconstitucional, excluya no sólo a los que contribuyen más sino a todos, rompa la Agencia Tributaria, permita un sistema de financiación privilegiado y consolide la desigualdad entre españoles no es importante para los independentistas catalanes. Cataluña “es fuerte y resiste, va bien, muy bien”, según Aragonès, y están alejados “de la especulación y el pelotazo como sucede en Madrid”, aunque el 24 por ciento de sus ciudadanos están en riesgo de exclusión social, sus servicios funcionen mal porque el dinero va a otras cosas como las embajadas en el exterior y casi 9.000 empresas se hayan marchado y no quieran volver pese a las presiones y algún intento de obligarlas a hacerlo “por ley”.
La insolidaridad es la última baza de ERC que se la juega ante la amenaza del regreso de Puigdemont y una posible victoria del PSC, que tendría que elegir entre un socio independentista u otro, con el riesgo de que el rechazado rompa el pacto en Madrid y deje a los socialistas con las vergüenzas al aire. El PSOE ha dicho que “todo se hará en el entorno de la Constitución”, pero no ha aclarado si dentro o fuera, como todo lo anterior. Los ciudadanos catalanes tienen la palabra. A ver qué hacen. Tienen que decidir entre seguir gobernados por quienes quieren irse de España, apoyar a quienes aunque ganen son cautivos de los primeros o hacer que se escuche la voz del seny catalán, si es que sigue existiendo.
