Un 14 de marzo de 2004, fuimos llamados a las urnas. Era la novena desde la transición. Elegíamos, supuestamente, a quienes durante los próximos cuatro años se encargarían de dictar las normas que regirían nuestra convivencia.
Tres días antes, el 11 M, se había producido, en esta nuestra tierra, el acto más execrable desde la guerra civil, el mayor atentado terrorista de toda la historia, no sólo en España, sino en toda la Unión Europea. Ciento noventa y tres inocentes dejaron su vida por decisión de no se sabe quién. No creo que exista ningún habitante de este país que no recuerde aquel día, lo que estaba haciendo al recibir la noticia o su sentimiento tras el impacto sufrido al conocerla.
A día de hoy, nadie sabe a ciencia cierta lo que ocurrió. Familiares y amigos de los muertos aún se siguen preguntando muchas cosas. La instrucción policial y judicial de aquel sumario fue tan chapucera, que sigue dejando atónito a todo jurista que, como quien suscribe, ha seguido investigando el caso. Veinticuatro horas después de la masacre, por orden de no se sabe quién (en el sumario no aparece quién lo ordenó), se destruyó (chatarreó) la prueba del delito (los trenes). Las pertenencias de las víctimas se quemaron en el vertedero de Valdemingómez. A las dieciocho horas, apareció de la nada una misteriosa bolsa con dinamita, tornillos y activador de móvil en una comisaría de Vallecas. La forense encargada de realizar las autopsias no encontró tornillos en ninguna de las víctimas. La causa paralela reabierta a instancia de las víctimas, instruida por la Juez Coro Cillán, finalizó de mala manera, con la juez suspendida e ingresada en un psiquiátrico.
Inma Castillo de Cortázar (Asociación de Víctimas del Terrorismo), en una conferencia impartida años más tarde, contó que, en una conversación que tuvo con el Juez Gómez Bermúdez (quién juzgó el atentado), éste le dijo: “La sociedad española no está preparada para saber lo que pasó el 11 M”. La sentencia condenó a un único colocador de bombas llamado Zougán, ya que los otros supuestos siete más, al parecer, se suicidaron en Leganés. Contra toda lógica jurídica, no se les practicó autopsia. El resto de condenados lo fueron por pertenencia a banda armada o cooperación.
Muchos huecos y agujeros, más que los de un colador, como ya denunció Mújica en su artículo escrito tiempo después.
El caso es que, el 14 M, Zapatero a sus zapatos, madurete a su maduro, comenzó hacer de las suyas. Mi certeza es absoluta en cuanto al hecho de que ni el PSOE ni el PP tuvieron nada que ver con ese atentado. Lo que es infame y deleznable es que utilicen esta masacre como arma arrojadiza, el uno contra el otro, para lograr sus fines partidistas. Tampoco fue cosa de ETA, ni de Al Qaeda. Eso sería un cuento de niños para explicar una historia de mucha mayor envergadura, imposible de creer. El caso es que, todo ha caído en el olvido y, ¡aquí no ha pasado nada!
El 14 de marzo de 2020, se dictó el Real Decreto 463/2020, primer estado de alarma, prorrogado seguidamente hasta el 21 de junio. Cien días. Congreso clausurado, actuando el Gobierno como la única autoridad legislativa y ejecutiva del país. La libertad de circulación, limitada. La posibilidad de requisas temporales y prestaciones personales obligatorias, abierta. Los colegios, atrancados. Las empresas, obstruidas. Los establecimientos, taponados. Las administraciones, embarrancadas, con la única posibilidad de acceder a ellas a través de un sistema on line colapsado. Las reuniones, prohibidas. Los festejos, suspendidos. Mascarillas impuestas por un comité de expertos inexistente, obligatorias, incluso en los paseos solitarios por la montaña. El sistema sancionador, asentado en una norma inadecuada para sancionar. Una auténtica ruina para los profesionales que tuvimos que aguantar el tirón a base de tirar de ahorros. Nuestra relación con el mundo se ha visto totalmente modificada desde entonces. Todo funciona de otra forma desde ese día.
El caso es que, un año después, concretamente el 14 de julio de 2021, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional todo cuanto ha quedado apuntado más arriba y, ¡aquí no ha pasado nada!
El 14 de marzo de 2024, se aprobó el trámite en el Congreso, por la vía de urgencia y de proposición de ley, de la Ley Orgánica para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Este nombre rimbombante no es más que el velo que oculta la inconstitucionalidad de la norma y la compra del poder a cambio del olvido de unos delitos cometidos, juzgados y condenados por sentencia firme, aplicando la legalidad. La mayor aberración jurídica contra nuestro estado de derecho. La Asociación Veinticuatro, dos, integrada por más de quinientos jueces, fiscales y juristas, se está haciendo eco de tamaña aberración.
Y todo ello se aprobó en medio del mayor escándalo de corrupción de la era democrática en España, en el que, miembros del gobierno, amparándose en sus propios estados de alarma inconstitucionales y sus normas obligatorias del uso de mascarilla, se inflaban a ganar dinero jugando a comprar partidas inservibles o a esconderlas en almacenes, a rescatar aerolíneas venezolanas quebradas, a repartirse comisiones, a irse de putas y de cenas mientras se empolvaban sus narices con polvo blanco. El caso es que esta urdimbre con tinte “pesoísta” no es más que la maraña para ocultar el verdadero propósito: la destrucción del país. Y, el jefe de la banda, un mero peón utilizado a tal fin aprovechando su psicopatía e insaciable ansia de poder. Y, ¡aquí sigue sin pasar nada!
Este 14 de marzo es una fecha fatídica. Quienes buscamos la Verdad, nos damos cuenta de que todo es una mentira. Lo que se esconce tras el fatídico 14 de marzo, es la mayor falsedad jamás contada, la mayor infamia jamás urdida, la mayor estafa jamás realizada. Y es que aquí quedan dos opciones: Seguir tragando tanta infamia o decir de una vez: ¡aquí sí que pasa algo!
