Si ante los casos de corrupción que acosan al Gobierno la única defensa de Sánchez son los incumplimientos fiscales del novio de Ayuso y, una vez más, la amarillenta foto de Feijóo con un contrabandista, es que el miedo a su cancelación política ya le llega al cuello de la camisa.
Con desigual grado de interés se ha colado en los medios de comunicación lo que llamaremos “Caso Amador”, referido al presunto fraude fiscal cometido por el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, cuando el amor por Isabel todavía no había llegado a la vida del presunto defraudador.
Ese desigual interés pasa a formar parte de la bronca partidista que ha convertido en un lodazal el oficio de la política. Ahora, por cuenta de lo que el propio Sánchez plantea como una especie de “guerra de consortes” para replicar la aparición del nombre de su esposa en el inexplorado mecenazgo de los Hidalgo (Air Europa, una empresa agradecida a los favores del Gobierno socialista).
Asco y desaliento. Eso debe sentir el sufrido ciudadano respecto a la bronca entre quienes mandan y quienes aspiran a mandar. Empezando por un Gobierno que utiliza los recursos públicos en las luchas de partido. A partir de ahí hace un pan de obleas el presidente si con su pobre argumentación en sede parlamentaria (martes en el Senado y miércoles en el Congreso) esperaba compensar ante la opinión pública los efectos del cerco a Begoña Gómez. El caso no es comparable al de Díaz Ayuso. Lo de la esposa del presidente (relación profesional con una compañía rescatada por el Gobierno) no hubiera sido posible sin la influencia del marido, mientras que lo de Amador enriquecimiento por venta de mascarillas y defraudar al Fisco) fue posible sin la influencia de la presidenta de Madrid, pues todo aquello ocurrió antes de que fueran pareja.
En otras palabras: el problema es del novio de Ayuso y no de Ayuso. Lo cual no sería incompatible, por ejemplo, con un llamamiento de la presidenta a la obligación que todos los españoles de cumplir las leyes y pagar impuestos. No por eludir una responsabilidad que no tiene por un problema pasado de su novio con Hacienda, sino por el deber de ejemplaridad y transparencia exigible a cualquier servidor de lo público, tenga el rango que tenga.
A Díaz Ayuso le hubiera bastado con recurrir a las generales de la ley, que incluye la disposición a colaborar con la Justicia, si llega el caso (de momento hay una denuncia de la fiscalía, pero aún no ha sido asignado el asunto a ningún Juzgado), sin entrar al trapo y sin meterse en el charco. Pero la paciencia Franciscana para aceptar los golpes del enemigo, aunque sea juego sucio, no es una de las virtudes de Díaz Ayuso. Lo de poner la otra mejilla no va con ella.
