El artículo 9 de la Constitución Española señala que los ciudadanos y los poderes públicos “están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”, que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integran sean reales y efectivas” y, en su punto 3, reafirma que “la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las normas sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”. Es decir, sujeción a las leyes, igualdad, seguridad jurídica y veto a la arbitrariedad. La arbitrariedad supone una infracción de la norma y conlleva una desviación de poder. Un acto arbitrario es todo aquello contrario a lo justo, razonable, legal, inspirado por el capricho o el beneficio personal, sin un razonamiento ni explicación suficiente, con abuso de poder, fuerza, facultades o influjos. El exministro de Justicia y de Administración Territorial, Tomás de la Quadra, catedrático de Derecho Administrativo, socialista, votante confeso de Pedro Sánchez y nada sospechoso de cercanía al Partido Popular, ha dicho que la amnistía es constitucional, no afecta a la igualdad —de ambas cosas se puede discrepar con sólidos argumentos— pero que es “desaconsejable y jurídicamente tiene un punto débil: la Constitución prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos. Y eso comprende también al legislador. En este caso, por haberse hecho para que Pedro Sánchez sea investido y después de unas negociaciones que no son aceptables”. También dice que “el tráfico de influencias que rodea el caso Koldo es una vergüenza. Es moralmente inadmisible y estéticamente intragable”. Pero esa es otra cuestión.
El asunto es si una ley arbitraria que busca favorecer a unos pocos, borrar los gravísimos delitos cometidos, incluida la malversación del dinero público, legitima la violencia política, produce impunidad, rompe la igualdad de los españoles ante la ley y todo ello para garantizase la permanencia en el poder, cediendo a todas las exigencias de los delincuentes, es arbitraria y, por tanto, inconstitucional. Eso lo tendrán que decir los jueces —aparentemente los únicos preocupados por el imperio de la seguridad jurídica y el Estado de Derecho—, el Tribunal Constitucional y, finalmente, los tribunales europeos. Pero mientras eso llega, que tardará, la responsabilidad de todo lo que está pasando no es sólo de Sánchez. Es de los ministros que secundan sus cesiones, los partidos que le apoyan a cambio de ir dejando cada vez más débil al Estado y a la Corona, los parlamentarios que votan a una sola voz las arbitrariedades que propone este Gobierno, los cargos socialistas —asesores como Koldo, incluidos— en la Administración central, ayuntamientos y comunidades autónomas, que saben que se juegan su puesto y su dinero si Sánchez cae, los sindicatos de izquierda, que guardan silencio ante tantos desastres para garantizarse el apoyo del dinero público, y también, hay que decirlo, los votantes socialistas, muchos de los cuales, precisamente por ser socialistas, están en contra de la amnistía o de la corrupción, pero siguen votando y sosteniendo a Pedro Sánchez.
La periodista Yolanda Rodríguez Vidales recuerda en un oportuno artículo en Confilegal la película ‘Los idus de marzo’, en la que se plantea qué es más importante en la carrera política, “la verdad o la victoria”, si ese mantener el poder a cualquier precio con la excusa de “poder cambiar la sociedad” permite cualquier arbitrariedad, que si lo hicieran los contrarios sería calificada como corrupción política. “La revelación de casos, dice Rodríguez Vidales, en los que se ha malversado dinero público, junto con prácticas de nepotismo y favoritismo, contribuye a reforzar esa percepción de que los intereses personales o de partido, a menudo prevalecen sobre el bien común”. Malos tiempos para la verdad y para el bien común.
