El socialista Javier Lambán, expresidente de Aragón, ha utilizado la palabra “angustia” para referirse al estado de ánimo que reina en su partido tras los últimos acontecimientos.
De ellos deriva un conflicto institucional a causa de la ley de amnistía, un PSOE desnaturalizado, pobreza argumental para achicar el acorralamiento por el llamado caso “Koldo” -con detalles nuevos cada vez más sórdidos- y un evidente declive electoral que, además de las urnas gallegas, tiene en las encuestas su más reciente prueba de cargo.
Todo eso redobla la sensación de cuenta atrás en la carrera política de Sánchez. Se agota el manual de resistencia y el deseo viene debidamente arropado por la realidad. Quien llegó al poder por corrupción ajena puede irse por corrupción propia. Pero las desgracias nunca vienen solas, porque lo uno lleva a lo otro.
Ahora el eje del análisis se centra en las posibilidades de que la legislatura termine antes de lo previsto por la eventual quiebra de un ya tambaleante pacto de investidura.
Me explico:
Si los veintisiete diputados de Sumar y los cuatro de Unidas Podemos (ahora en el grupo mixto) son incompatibles con la corrupción, como reza el espíritu y la letra de sus respectivas declaraciones de principios, me parece que la legislatura está en peligro, salvo que la consabida superioridad moral de la izquierda dedique una inesperada mirada distraída al gravísimo escándalo de las mascarillas detectado en el corazón de su socio de referencia en el Gobierno.
Hagamos el mismo razonamiento respecto a los siete escaños de Junts que pastorea Carles Puigdemont. Si van en serio cuando advierten de que si no hay una amnistía “integral” y “sin exclusiones” tampoco habrá apoyo para la supervivencia de Sánchez en el poder. Aunque eso puede tener arreglo si, como parece, Junts entiende que Puigdemont queda blindado con la nueva redacción de la Ley, que será sometida a votación este jueves en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
A la hora de escribir este comentario desconozco el texto del nuevo dictamen, pactado en furtivas negociaciones durante estos últimos días. Pero sí constan las reticencias de la Unión Europea con algunos puntos del texto que colisionan con una legislación europea que, por ejemplo, no considera amnistiables los delitos de terrorismo y malversación que le son atribuidos a Puigdemont.
De hecho, Bruselas ya ha advertido de forma más o menos clara que la Unión Europea actuará si la venidera ley de amnistía a los encausados del “proces” se desvía del Estado de Derecho (artículo 2 del Tratado de la UE). De ser así, la UE abriría un procedimiento de infracción a España.
