El plan de ‘shock’ fiscal emprendido por el presidente de Argentina, Javier Milei, arrancó en enero con un sorprendente superavit en las cuentas públicas, a fuerza de un drástico recorte de gastos y de los efectos de la elevadísima inflación en las partidas presupuestarias.
“La motosierra y la licuadora, que son los pilares del ajuste, no se negocian”, aseveró días atrás Milei, poco antes de que se conociera el resultado fiscal de enero.
Tras ganar las elecciones en noviembre pasado, el economista asumió la Presidencia argentina el 10 de diciembre y, sin demoras, puso en marcha un severo plan de ajuste equivalente al 5 % del PIB con el objetivo de recuperar este año el superávit primario y financiero, desde un déficit primario equivalente al 2,9 % del PIB y un resultado financiero negativo del 6,1 % del PIB en 2023.
Los efectos de su plan de ‘shock’ ya se vieron, y con contundencia, en enero: en el primer mes del año hubo un superávit primario récord de 2 billones de pesos (2.345 millones de dólares / 2.121 millones de euros), equivalente al 0,2 % del PIB.
El resultado financiero (después del pago de intereses de la deuda) fue positivo en 518.408 millones de pesos (604 millones de dólares / 547 millones de euros), equivalente al 0,05 % del PIB, el primer superávit financiero desde agosto de 2012, según ha destacado el propio Gobierno.
Sin que hubiera un crecimiento de los ingresos en términos reales (+0,7 %), el resultado se explica por la ‘motosierra’ y también por el ‘efecto licuadora’ en el gasto primario: creció en términos nominales un 114,6 % interanual, pero, por efecto de la inflación (254,2 % interanual en enero), cayó en términos reales un 39,4 %.
“En enero se concretó el mayor recorte real interanual de gasto público de los últimos 30 años. Con ingresos iguales que en 2023, toda la mejora del resultado fiscal fue explicada por la reducción del gasto”, señaló en un informe el Instituto Argentino de Análisis Fiscal.
Los gastos que más se redujeron en términos reales fueron las jubilaciones, los subsidios a la energía, la inversión real directa y las transferencias totales a provincias, cuatro ítems que, en conjunto, explican el 70 % del total ahorrado.
Dentro de los gastos corrientes, el mayor ajuste se dio en las transferencias corrientes a las provincias (-72 % interanual real, acrecentando la tensión con los gobiernos provinciales) y en los subsidios económicos (-64 %), principalmente a la energía (-77,2 %) y el transporte (-17 %).
Las jubilaciones sufrieron una caída real interanual del 38 %, mientras que también hubo un descenso en términos reales en las asignaciones familiares (-29,3 %) y en otros programas sociales (-23 %), alimentando también el malhumor social.
Pero el mayor ajuste estuvo en el gasto de capital, con una caída real del 86 %, y se tradujo en un corte casi total de los giros a provincias para energía, transporte y vivienda, mientras que para educación y para agua potable y obras de alcantarillado hubo una reducción del 96 % real interanual.
“Si bien se tomaron medidas para reducir los gastos, las variaciones reales interanuales estuvieron muy incididas por las bondades de la licuación. Esto no es sustentable en el tiempo”, advirtió en un informe el banco CMF, para el que el Gobierno debe mejorar su desempeño de recaudación.
