Al prófugo Carles Puigdemont no le seducen los cantos de sirena que le llegan desde la Moncloa para reconducir en la comisión de Justicia del Congreso el dictamen de la proposición de ley de amnistía. Se trata de devolverla al pleno dentro de quince días con el voto a favor de los siete diputados de Junts que lo tumbaron en inesperado alineamiento con PP y Vox. Por distintas razones, claro.
El motivo del desencuentro es que el PSOE (o sea, el Gobierno) no quiere eliminar los supuestos no amnistiables de terrorismo y traición porque, de hacerlo, no superaría los filtros del Tribunal Constitucional ni del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en realidad son los mismos en virtud de la primacía de la legislación europea sobre la que eventualmente pudiera parecer distinta en un determinado país miembro de la UE.
Por parte de Junts, en cambio, la sordera es total respecto a lo que diga o deje de decir esa legislación. La postura de sus negociadores sigue anclada en la exigencia de fondo: la amnistía que llegue al BOE, si es que llega, ha de ser “integral, completa y sin exclusiones”. Ahí estamos.
Y en esta coyuntura acaban de producirse dos nuevos efectos colaterales en el desencuentro PSOE-Junts: por un lado, el conflicto abierto en el seno de la Fiscalía General del Estado por cuenta de los apremios personales de Sánchez, que necesita seguir atornillado al sillón de la Moncloa. La argumentación mayoritaria de los fiscales del Tribunal Supremo choca con la de su jefe, el fiscal general. Aquellos sí ven indicios de terrorismo en los hechos perpetrados por Tsunami Democratic en octubre de 2019 y sí ven razones para investigar por el mismo supuesto delictivo a Carles Puigdemont.
De mayor cuantía es el segundo de los efectos colaterales del culebrón. Me refiero a la propuesta de declaración unilateral de independencia de Cataluña, por la vía de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) admitida a trámite en la mesa del Parlament con los votos favorables de Junts y CUP, y la abstención de ERC.
No tiene posibilidades de salir adelante por ilegalidad manifiesta, señalada por los letrados de la Cámara, pero la explosividad política de semejante movimiento está garantizada, pues nos remite a lo que de verdad hay detrás del canje “investidura por amnistía”. Y no es el perdón del Estado a unos delincuentes, porque en eso consiste el indulto, sino el perdón de los delincuentes al Estado, que es como se ha concebido esta todavía non nata amnistía.
Si había una forma de recordarnos que la amnistía no va a frenar en ningún caso la intención de volver a las andadas por parte de los independentistas, ya la tenemos delante de nuestras narices.
