El acuerdo de gobierno que firmaron hace ya unos días Pedro Sánchez y Yolanda Díaz ha causado mucho malestar en el empresariado español y muy especialmente en los sectores energético y bancario. Los impuestos y la falta de seguridad jurídica son el principal centro de las críticas. El banderazo de salida a esta protesta la inició el presidente de Repsol. Josu Jon Imaz alertó de que ponía en cuarentena sus inversiones en España, varios centenares de miles de millones de euros que quedaban temporalmente paradas hasta ver cómo se iban sucediendo los acontecimientos. Hay que recordar que aún Sánchez no ha logrado ser investido y por tanto tampoco hay gobierno que pueda tomar decisiones sobre impuestos o nuevas normas que puedan afectar a la marcha de las empresas. En todo caso, ya se han tomado demasiadas que afectan de lleno a la seguridad jurídica de España.
Pero Imaz ya no está sólo. Cuenta el diario “Expansión” que a Repsol se le han unido Cepsa, BP y Galp, los grandes del sector petrolero, en su movilización contra el impuestazo ya en vigor y que dejaría de ser temporal. Y esto no es todo, ya que la Asociación de Operadores de Petróleo ha hecho público un comunicado en el que también muestra su rechazo absoluto a lo acordado por PSOE y Sumar. Cree AOP que el impuesto condiciona las inversiones que el conjunto del sector tiene previsto realizar hasta 2030 y que alcanzan el monto nada desdeñable de 16.500 millones de euros. Además, por supuesto del daño a la competitividad de las empresas.
Tampoco el sector petrolero es el único que ha manifestado su preocupación. Responsables de los más importantes bancos de este país también creen que el impuesto ya creado y su prolongación en el tiempo hará mucho daño a su competitividad y a sus cuentas. Está claro que, al igual que ocurre con los pactos de Sánchez con los independentistas catalanes para seguir en La Moncloa, ese “hacer de la necesidad virtud” que nos dijo el presidente en funciones, no va a salir nada bueno para la democracia española, pero tampoco para el mundo de la empresa y, por tanto, para la inversión, el empleo y la reputación de España en los mercados internacionales. Veremos cómo acaba esta película de terror a la que hace ya 36 días nos tiene sometido Sánchez y su deseo de permanecer en el poder a cualquier precio.
